El agro argentino y una discusión estancada en la grieta

|Argentina|

En los últimos días el campo argentino apareció nuevamente en el centro de la escena. La Mesa de Enlace está llevando adelante un cese de comercialización de granos y carnes (comenzó el lunes y se extenderá hasta el jueves a la medianoche) como protesta por el aumento de retenciones a la soja del 3%. Como contrapartida, organizaciones del denominado “otro campo” impulsan verdurazos o ferias populares para visibilizar su apoyo al gobierno nacional y su política de segmentación impositiva.

Una disputa económica, de poder y de sentido. Así puede englobarse la actual puja entre el sector agroexportador, los pequeños productores de la agricultura familiar y el gobierno nacional. ¿Quién es el campo y cuál es su representatividad real? ¿Quienes abastecen al mercado interno son el campo ‘legítimo’? ¿O son los exportadores, que aportan las divisas que el gobierno necesita para sostener parte de su gasto fiscal?

En un comunicado publicado el día lunes, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular Agraria rechazó “el intento de extorsión y desestabilización que algunos sectores concentrados y corporativos del agro han planteado” y defendió el incremento del 3% “solo aplicable a los 2600 más concentrados empresarios de la soja”. En el mismo texto, la entidad consideró que “la implementación de una política de retenciones segmentada y de compensaciones regionales es un paso esencial para una mayor justicia fiscal y distributiva”.

Los "verdurazos" de la UTT, críticos durante el gobierno de Mauricio Macri, son ahora una muestra de apoyo a la política agropecuaria de Alberto Fernández. Foto: AnRed.

De manera opuesta, el titular de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, cuestionó la visión del gobierno nacional a quien acusó de tener “una bronca ideológica” y de mostrar “un punto de vista equivocado” sobre la situación del agro extensivo. "Comprendo que el Estado tenga necesidad de recursos financieros, pero se tiene que entender que venimos con una presión impositiva fuerte. Siempre se busca recursos en el mismo lugar", expresó.

Por su parte, el gobierno nacional insistió en que su mirada no es recaudatoria sino distributiva y tiene como fin alivianar las cargas de las actividades más ahogadas en los últimos años por el contexto económico adverso. Cabe recordar que, bajo el paradigma de “redistribución solidaria”, la cartera agroindustrial conducida por Basterra segmentó las exportaciones de soja para que sólo tributen el 33% quienes produzcan más de 1000 toneladas por campaña y bajó porcentualmente el mismo impuesto para las actividades de Economías Regionales. "El impacto fiscal es neutro, pero en términos de equilibrio social y territorial es un avance importante, porque le exige un sacrificio a los que más tienen y distribuye a favor de los más pequeños y de las cultivos regionales", sostuvo respecto a este punto el ministro.

Basterra insiste en que el nuevo esquema de retenciones tiene un perfil "solidario" y "redistributivo".

A priori, cada lector podrá coincidir con una u otra postura, las cuales a su vez tienen matices, grises sobre los cuales es difícil dar cuenta en medio de una dicotomía tan marcada como la actual. El problema de esta manera de pensar la actividad productiva es que está estrictamente atada a las coyunturas ya no políticas sino partidarias; mientras que la planificación, el ordenamiento territorial o la posibilidad de contar con esquemas tributarios progresivos pasa a depender exclusivamente de los gobiernos de turno.

Después de cuatro años de destrato por parte del gobierno de Cambiemos, organizaciones como la UTT, el MTE o la CTEP y sus ramas agrarias cuentan hoy -o pareciera- con el respaldo de la gestión nacional. Mientras que, por otro lado, el sector agropecuario que se vio beneficiado con Macri como presidente percibe ahora cierta arbitrariedad en las políticas de Fernández que lo perjudica.

Lo cierto es que en el medio hay cientos de productores que no se sienten representados ni por unos ni por otros. Ni por la grieta planteada de esta forma. Existen productores de hortalizas, de frutas o de legumbres que también son productores de cereales, o incluso de animales. Existen productores de fruta que exportan, y agricultores que comercializan girasol o maíz en el mercado interno. De hecho podríamos asegurar que no existe un productor típico representante del campo argentino. La prueba está en la cantidad de entidades que dicen representarlo cuando ninguna completa una lista de asociados que al menos alcance la categoría de minoría mayoritaria.

La fruticultura, una actividad dadora de gran cantidad de mano de obra en distintas provincias argentinas, parece quedar fuera de la (simplificada) discusión actual "soja vs. lechuga".

Al margen de cuán cerca se pueda estar de ser, eventualmente, oficialista u opositor, vale preguntarse: ¿no es siempre importante el reclamo por el acceso a la tierra de parte de los pequeños y medianos agricultores? ¿No es necesario que estos actores tengan mejor acceso al crédito o que se acompañe con políticas de Estado, tal como lo vienen exigiendo, la transición hacia la agroecología? Así como estas preguntas deberían ser válidas gobierne quien gobierne, también debería poder plantearse en el agro extensivo una segmentación más precisa que el esquema de exportación actual, para que realmente paguen más quienes concentran grandes cantidades de tierra, tal como analizó este medio días atrás.

Tanto quienes producen alimentos para el consumo interno como quienes generan las divisas mediante las cuales el gobierno sostiene su política fiscal o el desarrollo de la industria son fundamentales para salir de la crisis. Y aunque una afirmación de este tipo no encaja en la dinámica de discusión actual, es necesario abrir el juego para abandonar la lógica mediante la cual todo productor de soja es un “empresario sojero” con rentas extraordinarias y donde cada pequeño agricultor es “alguien que hace política mantenido por el Estado”. ¿Eso significa olvidar los beneficios que recibió un sector concentrado del agro extensivo durante los últimos años? No necesariamente. Pero tampoco demonizar a un sector que también es diverso. En todo caso, implica reconocer la complejidad de cada cadena para enriquecer el debate y profundizar políticas públicas que favorezcan a quienes arriesgan e invierten en la actividad productiva, sea cual sea la misma.

A 12 años de la 125, el "campo" representado por la Mesa de Enlace vuelve a las rutas para un cese de comercialización.

Entonces, ¿sería oportuno que esos cientos de productores "del medio" que producen cereales para exportar, pero que aún así no llegan a una rentabilidad justa (por falta de volumen, porque alquilan tierras o maquinaria, por ejemplo) sinceren que en verdad, parte importante del problema está en las grandes empresas acopiadoras y exportadoras de los cereales? ¿O reflexionar porqué, en todos estos años donde el Estado dejó lugar al libre juego del mercado internacional, no vimos aumentar los niveles de empleo registrado en el campo o al menos, trasladar ese margen a los salarios de los peones rurales?

A la vista de los acontecimientos de estos días, es tan sospechoso el gobierno de caer en "facilismos recaudatorios" como la Mesa de Enlace de haber sido poco paciente con un gobierno que recién comienza a gestionar en un escenario claramente más complicado que cuatro años atrás.