Ya es oficial, el Gobierno no prorrogó las leyes de emergencia frutícola

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El domingo 31 de mayo finalmente se hizo realidad lo que varios medios habíamos anticipado. El gobierno nacional decidió no prorrogar las leyes de emergencia frutícola que se dirigían a la protección de dos sectores productivos: El sector citrícola y el sector de peras y manzanas de Alto Valle.

Por un lado se venció la Ley 27.507 de Emergencia Citrícola. La misma había sido promulgada en mayo de 2019 por el lapso de un año, incluía la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

En relación a esta situación, Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER) habló con Bichos de Campo y dijo que son muchas las provincias que se encuentran contempladas dentro de esta ley y que a pesar de las decisiones tomadas, siguen trabajando con legisladores para poder prorrogarla un año más. Además agregó “Si no la tenemos, estaremos complicados porque hay muchas empresas que están ahogadas en lo fiscal. Esperemos ver la voluntad de nuestros legisladores”.

Las condiciones de la Ley 27.347 de Emergencia Frutícola de peras y manzanas, que abarca a Neuquén, Rio Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, no es muy diferente. A pesar de que algunos gobernadores extendieron su pedido de prórroga y mostraron apoyo al sector, desde Nación se decidió no seguir adelante con la medida.

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Esta ley regía desde el 2017 y permitió la supervivencia del sector por 3 años. Ocluía regímenes especiales para el pago de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, al Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Frente a la decisión gubernamental, Marcelo Loyarte, gerente de CAFI (Cámara de Fruticultores Integrados) expresó ante Bichos de Campo y : “No cierra por muchos lados la decisión de no prorrogar. La verdad es que nos sorprendió y por eso seguimos insistiendo. Es un error que no se prorrogue y si va a surgir una alternativa, los tiempos van a ser otros. No me imagino que eso represente una prioridad en este momento”. El representante además explicó que las negociaciones las están realizando principalmente con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, siendo este último el más compresivo ante la situación.

Loyarte aseguró que la importancia de esta ley radica en la protección que le dio a todo el sector por igual, pero principalmente en haber respaldado muchos productores y empresas que se encontraban en situaciones difíciles y gracias a esta medida pudieron seguir en la actividad. Además hizo referencia de la reducción de productores en los últimos 20 años, al estancamiento del tipo de cambio oficial y al aumento del dólar paralelo, lo que complica la comercialización y producción de las frutas.

En el interior de la Cámara de Fruticultores Integrados, la escena se encuentra dividida en dos y eso imposibilita un criterio unificado a la hora de evaluar la situación. Por un lado, se encuentra un ala empresarial que está convencida de que es necesario que los beneficios de la ley sigan rigiendo y en la vereda del frente, se encuentra un grupo un poco más conciliador que interpreta que hay actividades que están atravesando peores situaciones que ellos y que quizás sea momento de comenzar a pagar las deudas que se acumularon.

En medio de las negociaciones, Sebastián Hernández, titular de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén,  tuvo declaraciones para el medio Río Negro, que representaron un golpe muy fuerte para la central empresaria. “Debemos hacer una diferencia entre lo que ocurrió con las empresas y los productores. Muchas exportadoras usaron el financiamiento de la emergencia para comprar chacras, galpones y absorber otras firmas. Nada de eso ocurrió con los productores” aseguró Hernández.

El dirigente dejó en claro que, en caso de lograrse una negociación, solo el sector primario debería recibir la ayuda teniendo en cuenta los problemas que estos deben enfrentar para seguir en el sistema. Además agregó: “A mí se me hace mucho más fácil demostrar por qué necesitamos la Emergencia Frutícola como herramienta para sostener a los productores dentro del sistema. Solo con ver la evolución patrimonial de cada uno de nosotros en AFIP, el Gobierno se da cuenta que no estamos mejor que antes. No pueden decir lo mismo muchas empresas del Valle en este tema”.

Desde los ministerios de Economía y  Desarrollo Productivo de la Nación aseguraron que este fin de semana se trabajará sobre la posibilidad de darle continuidad a algunos de los beneficios que otorgaba la ley y también señalaron que en el corto plazo se pondrán fechas para que las empresas comiencen a pagar las deudas acumuladas y que cada una de ellas deberá negociar los planes de pago con AFIP.