Aplicación de agroquímicos: un conflicto nacional, ahora con sede en Mar del Plata

|Mar del Plata|

El pasado jueves 7 de junio, vecinos de barrios fumigados se manifestaron frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para exigir a las autoridades locales que se respete la ordenanza 21.296, que obliga a los productores del cordón frutihortícola a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia de los espacios urbanos.

‘Barrios fumigados decimos basta’ fue la consigna con la que los manifestantes denunciaron irregularidades en la aplicación de agroquímicos en producciones periurbanas. Señalan que no se respetan las distancias de aplicación y que, en muchas oportunidades, se utilizan productos que no están habilitados.

Para denunciar este tipo de casos, los vecinos de Mar del Plata tienen a disposición a la Policía Ambiental, que se encarga de mediar y supervisar la forma en que se aplican los agroquímicos en las zonas periurbanas de la ciudad. Sin embargo, afirman que es una fuerza inexistente o con poca capacidad de acción, que cuando es solicitada demora mucho su llegada y es poco efectiva en su tarea porque alega no pertenecer a la jurisdicción de la zona. Por este motivo los vecinos se acercaron a la Municipalidad para dirigir el reclamo a Carlos Arroyo, intendente de la ciudad, exigiéndole voluntad política para hacer cumplir la Ordenanza sancionada en 2013,  que obliga a los productores a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia.

La otra voz de este debate es la de los productores del Cinturón Hortícola de la ciudad. Ricardo Velimerovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón explica que luego de una audiencia pública se habían determinado cambios en la Ordenanza, estableciendo así una distancia mínima de 100 metros para las aplicaciones. Estos cambios no prosperaron. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la prohibición de la fumigaciones a menos de 1000 metros de las "plantas urbanas" en todo el Partido de General Pueryrredon por una medida cautelar solicitada por las organizaciones manifestantes.

“La ordenanza 21.296 pasó por audiencia pública, donde estuvieron presentes ambientalistas, productores, técnicos y profesionales; hoy está anulada por la cautelar que ellos mismos solicitaron. Se opusieron a las modificaciones porque la misma permitía la aplicación hasta 100 metros de distancia bajo un régimen de control. Lo que quieren es prohibir todo. La realidad es que sin usar productos de ningún tipo sería imposible producir”, declaró.

Una cuestión de salud

Los testimonios se cruzan y se contradicen. Según indica el diario 0023, la Cátedra abierta de solidaridad alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un relevamiento de salud en el barrio Hipódromo y encontró problemas tales como abortos espontáneos, problemas de respiración y de piel: todas problemáticas vinculadas con las fumigaciones según médicos que no pueden dejar un comprobante "porque son perseguidos por la propia secretaría de Salud".

Por su parte, Ricardo Velimerovich afirma que los reclamos no fundamentan su existencia en ningún tipo de documentación que dé cuenta del daño concreto que las fumigaciones causan en la población la zona. “No han demostrado que hayan afectado a la salud de alguna persona. No hay documentados de ningún efecto de aplicación. Hablamos con el Secretario de Salud Municipal y no existen notificaciones de afectados por agroquímicos”.

El dirigente explica también que muchos de los barrios que han presentado denuncias por contaminación “no tienen producciones frutihortícolas alrededor de su zona” sino que están rodeadas de producciones extensivas.

Para Velimerovich la discusión no debe estar centrada en las distancias de aplicación, sino en la manera que las mismas se realizan. “En el mundo, en general, las distancias de aplicación no superan el ancho de una calle. El problema no es el producto ni la distancia, es cómo se hace la aplicación. En la mayoría de las quintas frutihortícolas se utiliza mochila de mano. Hay estudios técnicos que explican que ese sistema no tiene deriva, porque se coloca directamente en el surco”.

Caída en las ventas

Los productores consideran que este tipo de manifestaciones repercute directamente en el estado de venta de las frutas y las verduras. “Es automático. Aparecen las manifestaciones y las ventas disminuyen. Los mercados concentradores te lo pueden decir. Hoy se están vendiendo más productos fuera de la ciudad, que conocen realmente la calidad de nuestras producciones, que en nuestra propia ciudad. Tenemos uno de los mejores productos del país y no los podemos comercializar”, dice el dirigente de lo que considera una injusta mala prensa para el sector. Aseguran que no descartan iniciar demandas legales respecto a los denunciantes.

Además, la Asociación afirma que el Municipio de General Pueyrredón realiza controles especiales junto con bromatología, a través del monitoreo de agroquímicos en frutas y verduras, por lo que pueden “acreditar que no hay contaminación en los productos”.

Así y todo, parece que el conflicto seguirá entre la partes, al menos por ahora. Resta saber qué sucederá con la reglamentación que determina qué, cómo y a cuánta distancia los productores que residen en zonas periurbanas deben aplicar agroquímicos para no perjudicar la salud de las comunidades lindantes, cuidando además su capacidad productiva, fuente fundamental de trabajo para la subsistencia del sector hortícola.