Política financiera versus economía real: cuál es el presente de los pequeños agricultores

|Argentina|

En no pocas oportunidades Revista InterNos se preguntó por el impacto que la suba del dólar podría tener para la actividad hortícola, sobre todo para los pequeños productores y la agricultura familiar. En un contexto donde se producen recortes en organismos de sanidad y capacitación (caben recordar los casos del INTA y Senasa) los horticultores ven cómo día a día su panorama se complejiza por el incremento de costos, la falta de precio y un mercado interno retraído.

En el siguiente artículo de opinión, el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE) explica cuál es el panorama al que algunos horticultores (por lo general los menos capitalizados y con producción destinada exclusivamente al consumo en fresco) están atravesando en los últimos meses.

El caso de las familias productoras de hortalizas

Parafraseando a Galeano, podríamos decir que “la división de la economía entre la real y la financiera consiste en que unos se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, la economía real y más aún, la economía popular, fue precoz y se especializó en perder, perfeccionando sus funciones…”

Hace unos días, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina ante la presión que el aumento del dólar ponía sobre el bajo nivel de retenciones, descubría la existencia de dos campos: “el campo es muy diverso, tenés algunos sectores que tienen costos en dólares y venden en pesos: a ese sector esto (la subida del dólar) los mata…”. Sin embargo, para la economía real y popular como la del sector hortícola el problema es mucho más que la política cambiaria y financiera: el problema es la política que por acción u omisión, está haciendo inviable ya no su desarrollo, sino su persistencia.

Política cambiaria

La suba del dólar (o más precisamente, la devaluación del peso) tiene un muy fuerte impacto en la actividad hortícola.

El sistema de trabajo que utilizan los pequeños productores consta de una producción bajo invernáculo, altamente dependiente y demandante de insumos, los cuales son importados. De esta manera el costo primario de producción está regido completamente por el valor del dólar. Agroquímicos, fertilizantes, plásticos y semillas suben sus precios automáticamente o preventivamente ante las oscilaciones de la moneda estadounidense. Desde noviembre del 2015 hasta la actualidad la devaluación del peso supero el 300%, lo que implicó un proporcional incremento del precio de los insumos.

La magnitud del problema se potencia cuando se toma en cuenta el tipo de producto que comercializan los pequeños productores. La producción de no transables, destinados al consumo interno, genera ingresos al sector en moneda local, moneda que se encuentra en constante proceso devaluatorio. A diferencia del sector agrícola que se dedica estrictamente a la exportación (al cual la devaluación lo beneficia) el sector hortícola posee un ínfimo volumen de productos exportables. Así, la agricultura destinada al consumo interno debe producir con insumos en dólares para luego vender en pesos en un mercado deprimido y en recesión.

Política Financiera

Toda actividad productiva precisa de financiamiento, ya sea para inversiones en infraestructura, insumos o desfasajes productivos. La horticultura no es la excepción. Una hectárea de invernáculo sale (con un dólar casi a $40) aproximadamente $1.300.000; los costos de producción de una hectárea de tomate implican otro tanto. El desfasaje entre producción y comercialización puede ser de 1 a 5 meses para algunos productos, período en el cual el financiamiento no solo garantiza la producción si no también el sustento diario familiar.

Sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta el riesgo climático y productivo, como pueden ser las tormentas, plagas y enfermedades. Las tormentas no sólo conllevan a una pérdida de la producción, sino que también destruyen los invernáculos acentuando la necesidad de financiamiento inmediato. Sin embargo, los casos de sucesos naturales (cada vez menos) extraordinarios, no son solventados por políticas públicas de sustento de la economía regional.

El horticultor, más aun el de origen boliviano, tiene un acceso restringido al sistema bancario, el cual no los contempla como actores económicos de relevancia para la provisión de créditos ajustados a las posibilidades del sector. De esta manera recurren a las casas de insumos, camioneros, consignatarios o prestamistas de dudosa fiabilidad, con tasas normalmente exorbitantes aun en relación a los bancos.

En el presente marco devaluatorio, con tipo de cambio flexible, las políticas económicas que buscaron generar alternativas de inversión distintas al dólar, en un intento urgido de control del mercado cambiario, implicaron un aumento irrisorio de la tasa de interés de referencia del BCRA. La misma actualmente se sitúa en torno al 60% anual, llevando a que las tasas de los créditos personales se ubiquen en torno al 120-140%. De esta manera, y teniendo en cuenta las restricciones de financiamiento de los pequeños productores, se comienza a paralizar la actividad económica local. Invertir con tasas de interés elevadas, en un contexto devaluatorio y de incertidumbre cambiaria, teniendo un producto no transable a comercializar y sumado al decrecimiento de la demanda, no puede llevar más que a un escenario de crecimiento nulo o negativo para este tipo de economías.

Política fiscal

El actual gobierno está convencido de que todos los males existen a partir de un fisco que gasta más de lo que recauda. Ante esa situación, no solo se busca disminuir el desfasaje vía reducción del gasto público, también se hacen esfuerzos por reducir los ingresos fiscales, sobre todo de aquellos provenientes de los sectores más pudientes. De esta manera el ajuste económico no solo impacta por el lado de la reducción del gasto sino también por la disminución en su poder de intervención vía desfinanciamiento.

En cuanto a su impacto en la economía popular, esta política constrictiva genera ahogo presupuestario en diversas instituciones con relación directa e indirecta al sector hortícola (educación, salud, INTA, Ministerio de Desarrollo Social). Lo cual derivó en despidos y menor empleo afectando aún más a una economía en proceso de contracción.

Pérdida de soberanía política, endeudamiento, reducción del Estado con consecuente disminución de su intervención en el sector hortícola, y caída en la demanda de hortalizas son los resultados de esta política fiscal.

Política tarifaria

Desde fines de 2015 hasta la actualidad (y sin contar los aumentos que la devaluación del peso generarán) las tarifas de servicios públicos se incrementaron significativamente.

Más precisamente, el gas 1013%, la luz 1615%, agua 550%, sin contar el transporte público y la telefonía entre otros. En relación al impacto a nivel familiar, en la Argentina una familia tipo destinaba en diciembre del 2015 el 6% de los ingresos al pago de las tarifas. A mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21% lo que se utiliza para dicho pago.

En el marco de un ajuste del gasto se fueron quitando los subsidios, (sobre) compensando a las empresas con un aumento de tarifas. El desmesurado incremento se basa en referencias internacionales de precios para dichos recursos cuando en realidad los mismos son de procedencia nacional, con una relación de ingresos promedios totalmente distinta a la internacional como para hacer frente a dicho aumento del gasto familiar.

Para el caso del sector hortícola si bien no tiene un impacto directo el aumento en las tarifas de gas y agua, dado que no son servicios a los que tengan acceso, sí sufren el impacto indirecto vía aumento de precios en servicios y alimentos. En el caso de los aumentos tarifarios en la luz el impacto es directo y afecta a la faz reproductiva y principalmente productiva. La luz es usada en las quintas básicamente para regar, triplicándose o en algunos casos cuadruplicándose el monto de las boletas de luz en los últimos meses. En promedio se paga mensualmente facturas que van de $6.000 a $7.000 por mes por hectárea.

Política agropecuaria

Finalmente, la política agropecuaria hacia el sector guarda coherencia ya que en parte es resultado de las políticas cambiaria, financiera, fiscal y tarifaria.

Durante el kirchnerismo, el Estado se limitó a políticas de reconocimiento, asesoramiento, visibilización y apuntalamiento de la Agricultura Familiar, pero sin intervenir en forma directa e integral sobre los factores identificados como constitutivos de las desigualdades y asimetrías que afectan a la agricultura familiar. Estas cuestiones estructurales son, entre otras: control de precios básicos, que aplica cualquier país protector de los pequeños productores, vía establecimiento de precios mínimos de referencia (que garanticen cubrir los costos de producción) y precios máximos (que eviten la especulación), intervención en el mercado de tierras, regulando contratos de alquileres y financiamiento para compra de la tierra, infraestructura y políticas focalizadas en relación a salud, educación y vivienda, entre otras.

Sin dudas, lejos de revertir la situación dejada, hace tres años se viene dando pasos hacia atrás. El desguace del Estado, el cierre de secretarías como la de Agricultura Familiar, desfinanciamiento de programas como el de Cambio Rural y la eliminación de derechos como el Monotributo Social Agropecuario son elementos que demuestran el total desinterés por el subsector, reducido en escala peromayoritario en número.

Peor aún,  privilegia a la cúpula del sector, permitiendo el ingreso de sus representantes en los máximos cargos del Ministerio de Agroindustria, les reduce impuestos y quita regulaciones, en un contexto de fuerte devaluación del peso que no hace más que favorecer su posición en el mercado exportador.

A modo de reflexiones finales

En días en que se interpela al mercado en vez de la ciudadanía, en donde se discute con el FMI las políticas de ajuste, se garantiza mediante endeudamiento soberano la especulación financiera y se generan transferencias multimillonarias a los sectores concentrados de la población, es necesario salir de la burbuja neoliberal y exigir -desde las organizaciones populares- políticas que privilegien a la economía real y popular, que se garanticen los derechos que se han ganado con anterioridad y que se luche por aquellos que aún no han respondido. Solo el Pueblo salvará al Pueblo.