¿Cuántas frutas y verduras descarta el Mercado Central por presencia de agroquímicos?

|Buenos Aires|

Días atrás, el diario nacional Infobae afirmó en un artículo que más de la mitad de las frutas y verduras que llegaban al Mercado Central quedaban “descartadas por excesos de agrotóxicos” luego de ser evaluadas en los laboratorios del organismo.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, el malestar no tardó en instalarse entre comercializadores frutihortícolas. Muchos operadores sienten estos titulares como un golpe al sector, en un contexto donde las ventas están congeladas y existen considerables problemas vinculados a la alimentación.

La nota, firmada por Sergio Federovsky, asegura que “más del 60% de las frutas y verduras contiene restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos”. Para confirmar estos datos, el periodista utiliza cifras oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Sensasa), tomando como referencia estudios realizados entre los años 2011 y 2013 (donde los resultados dieron positivo en pera, manzana, cebolla y batata, entre otros productos).

También tomó el caso del apio, que según operativos realizados en 2016 mostró presencia de insecticidas y fungicidas en un 65,4% por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos). Esta sigla (establecida en la normativa vigente) permite a Senasa determinar cuándo un producto puede causar daños severos en personas según la cantidad de residuos químicos que contenga. En base a datos del organismo, Federovsky subraya que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron un 5%.

Aunque sin hacer alusiones directas, el Mercado Central dio a conocer sus números de venta durante 2018, que superaron los 22 mil millones de pesos y crecieron un 27% en pesos y un 1,4% en volumen respecto a 2017. Días después,  en la web de la Corporación se publicó un artículo titulado “Un laboratorio de calidad que brinda seguridad alimentaria a los consumidores” en donde se aseguró que los productos que allí se comercializan son estrictamente verificados por un equipo de profesionales que tiene como objetivo detectar entre la oferta “aquellos productos que pudieran presentar riesgos para la salud del consumidor”.

En dicho artículo se afirma que durante 2018 se retiraron de la comercialización 306 mil kilogramos de frutas y hortalizas al ser consideradas no aptas para el consumo humano por diferentes motivos. A modo ilustrativo cabe mencionar algunos de ellos: por podredumbre se tiraron 106.879 kilos, por falta de identificación unos 40.095, por envases no reglamentarios unos 9000 y por falta de documentación unos 11.900, entre otros factores. Por presencia plaguicidas sólo se descartaron 15.329 kilos.

Es decir que si el volumen operado durante 2018 fue, como informó la entidad, de 1.360.000 toneladas, se descartó un 0,0225% del total, del cual sólo un 0,001% fue por presencia de agroquímicos por encima de los límites máximos permitidos.

¿Esto significa que la mercadería que no es analizada se encuentra en óptimas condiciones? Es difícil asegurarlo. Los controles se realizan de manera aleatoria ya que los ‘monstruosos’ volúmenes comercializados (ingresan aproximadamente 8500 camiones por día) hacen que sea imposible registrar cada uno de los lotes que finalmente salen hacia las verdulerías. Es por eso que puesteros y operadores del sector solicitan a los organismos sanitarios profundizar los controles en ruta o zonas de producción, es decir, antes de que la mercadería llegue a los mayoristas.

El título que acompaña la nota en cuestión es erróneo; no porque la información de Senasa sea falsa, sino porque en términos logísticos es imposible que la entidad analice y descarte la mitad de los productos que entran diariamente. Además, si eso sucediera, una importante cantidad de verdulerías y supermercados de la ciudad se verían desabastecidos de manera inmediata.

Por otro lado, Federovsky acierta al afirmar que la problemática se ve agravada por la venta ilegal de frutas y hortalizas, ya que los centros mayoristas permiten formalizar la instancia de comercialización y controlar, aunque sea parcialmente, la mercadería.

En este sentido, el DTV-e aparece como una herramienta que apunta a fortalecer la venta dentro de los mercados, aunque algunos operadores se encuentren en desacuerdo y consideren que su implementación facilita la “pesca en la pecera”.

En los últimos años, algunas provincias han avanzado significativamente en capacitaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para que la aplicación de productos químicos no siga siendo un factor peligroso en la alimentación de los argentinos. En este contexto, cabe destacar la resolución conjunta entre las Secretarías de Gobierno de Agroindustria y Salud para la incorporación de las BPA en el Código Alimentario Argentino (CAA), que volverán a estas prácticas obligatorias desde 2020 para las frutas y 2021 para las hortalizas.