Fuerte rechazo a la reestructuración del INTA: “No queremos que sea parte de un nuevo achique o privatización"

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anunció una reorganización de su estructura que afecta a las agencias de Extensión Rural y a los Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF). Funcionarios provinciales y dirigentes agrarios rechazan la medida y alertan sobre un posible “vaciamiento” de la estructura.

El Consejo Directivo de INTA anunció el pasado viernes 29 de marzo que todas las Agencias de Extensión Rural se mantendrán activas pero pasarán a funcionar en la órbita de las Estaciones Experimentales Agropecuarias, conservando todas sus funciones y competencias, según afirmaron desde la entidad.

"La propuesta es integrar 12 agencias de extensión, que están funcionando dentro de Estaciones Experimentales Agropecuarias, para lograr una interacción mayor entre la agencia y la experimental", indicó Juan Balbín, presidente del organismo. "No se van a cerrar agencias, ni centros de investigación, ni se van a despedir empleados. Al contrario, buscamos potenciar las líneas de trabajo", anticipó.

Por otro lado, los institutos para la agricultura familiar (IPAF) pasarán a formar parte de los Centros Regionales de su territorio como “áreas de investigación”. Esta decisión afectará a los IPAF de la región NEA (Formosa), región Cuyo (San Juan) y la región pampeana (Neuquén). "Hoy las decisiones se toman desde Buenos Aires y nosotros queremos estar mucho más cerca del productor y de los agricultores familiares, por eso empoderamos a los Centros Regionales para que sean los que definan los temas". Sin embargo, trabajadores de INTA creen que la medida hará que estos IPAF pierdan la estructura donde cada una funcionaba de manera independiente y con presupuesto propio. Es decir, perderían autonomía de sus decisiones.

Los rechazos no tardaron en llegar. El ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi, consideró “lamentable”  el cierre de la única unidad de INTA de este tipo en la provincia por “recorte de gastos”. Por otro lado, la diputada nacional Alma Sapag presentó en la Cámara de Diputados de un proyecto solicitando al ejecutivo que revea la decisión del organismo.

Andrés Díaz Cano, ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, hizo público su rechazo a la medida en el marco del Consejo Federal Agropecuario que se realizó el jueves 28 de marzo en Buenos Aires. Díaz Cano se mostró preocupado por los posibles recortes ya que en su opinión “últimamente los rumores se hacen realidad”.  “Cuando pasó lo de Agricultura Familiar, que creíamos que no iba a suceder, terminaron despidiendo a personas que trabajaban ahí y el Gobierno de San Juan se tuvo que hacer cargo de gran parte de los que fueron despedidos”, expresó el funcionario.

Dos importantes entidades agrarias también mostraron su disconformidad con la medida. Una de ellas es la Federación Agraria Argentina (FAA) que anunció  su “más enérgico rechazo a la reestructuración del INTA impuesta por el Gobierno nacional”. De la mano de su titular, Agustín Pizzichini, FAA afirmó que el gobierno nacional pretende desmantelar “cualquier instancia que implique asistencia y fortalecimiento del pequeño productor” justificando su decisión “en una planilla de Excel”.

El que se quema con leche ve una vaca y llora, dice el refrán popular. Y ésta parece ser la sensación de muchos dirigentes agropecuarios que ven, ante cualquier movimiento de los organismos nacionales, un potencial desfinanciamiento de su estructura. Revista InterNos consultó a Carlos Ianinzotto, presidente de CONINAGRO, sobre la postura de la entidad frente a este panorama.

“Estamos de acuerdo en que se no se realicen gastos innecesarios, pero nos preocupa que se utilice ese argumento para realizar una privatización del INTA. Por eso nos mantenemos en alerta y vamos a seguir de cerca lo que suceda con esta reestructuración”, dijo el funcionario. Y agregó: “Nos preocupa que esta sea una manera de quitarle protagonismo al campo. No queremos que sea parte de un nuevo achique o privatización”.

Quien también se expresó en este sentido fue la FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar), quien consideró que "se trata de un permanente y continuo accionar de vaciamiento y desinterés del actual Gobierno Nacional, ampliamente demostrado para con la Agricultura Familiar". Dicha Federación asume que esta medida del INTA está relacionada decisiones como "la baja del Monotributo Social Agropecuario, la des-jerarquización de la Secretaria de la Agricultura Familiar, despidos masivos sin causa de técnicos/as de la SAF y abandono de miles de proyectos en ejecución en los territorios".

Revista InterNos también conversó con Guillermo Cordes, investigador del INTA y Secretario de la Seccional Manfredi de APINTA (Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). “Ellos lo llaman reestructuración, pero lo que hacen es reducir las Agencias de Extensión y los IPAF que tienen contacto directo con los productores”, dijo Cordes. “Curiosamente los IPAF que se cierran son los más aislados. Estas medidas están dirigidas hacia un sector vulnerable”, agregó.

El investigador afirma que esta no es una decisión aislada, sino que forma parte de una política sistemática de la actual gestión de INTA. El organismo comenzó a trabajar este año con un presupuesto inferior a lo que le corresponde por ley (ya lo había hecho durante 2018). “Balbín asegura que el INTA está vivo. Sí, pero agonizando. Hoy se han dejado de realizar actividades, líneas de investigación, porque no hay presupuesto para llevarlas adelante”.

Cabe recordar que en los últimos dos años INTA redujo su planta en aproximadamente 750 trabajadores mediante jubilaciones o retiros voluntarios que no fueron reemplazados. “Estas políticas buscan un Estado chico porque consideran, por ejemplo, que el trabajo con los pequeños agricultores es un gasto. Pero es una inversión: significa tecnología y mejoras productivas que les mejora la vida a quienes producen”, concluyó Cordes. El investigador anunció que el próximo 8 de abril se realizará una convocatoria en Buenos Aires en la que se espera que organizaciones vinculadas al agro y trabajadores del organismo visibilicen su rechazo a las recientes modificaciones aprobadas.