Un campo cada vez más ajustado

Desde su asunción como presidente en el año 2015, Mauricio Macri se mostró obsesionado con la tarea de reducir el gasto público, convencido de que esa señal de austeridad iba a lograr atraer la inversión privada a nuestro país. “No podemos gastar más de lo que ingresa”, repitió en muchos de sus discursos el máximo mandatario. Cumplir con las metas fiscales, ese objetivo que desveló al gobierno, significó en consecuencia achicar el Estado: reducir sus funciones y responsabilidades, su área de influencia, su injerencia en la vida de las personas, su peso en las políticas públicas. Tres años de Cambiemos en el poder fueron suficiente para acostumbrarnos a ver en diarios y televisión el anuncio de ajustes presupuestarios, la significativa reducción de personal en organismos públicos e incluso la transformación de Ministerios en Secretarías.

La agricultura no escapó a estos ajustes. Entidades que cumplían funciones de capacitación técnica y control sanitario sufrieron importantes modificaciones en sus organigramas y redujeron considerablemente el número de trabajadores de sus plantas. Pero además, recibieron proporcionalmente menos dinero para ejecutar sus tareas, ya que en 2018 el presupuesto de Agroindustria (quien comprende, por ejemplo, a INTA y Senasa) alcanzó la suma de 17.851 millones de pesos, mientras que en 2017 el mismo había sido de 19.279 millones. No sólo no se produjeron aumentos (como sería  lógico con una inflación que tocó el 40%) sino que hubo una reducción de 1428 millones de pesos. Para el 2019 habrá un leve incremento del 8% que sin embargo no tendrá impacto significativo ya que con 19.182 millones estará en valores similares al de hace dos años atrás.

Etchevehere, entusiasta durante su asunción. Un año después su Ministerio se volvería Secretaría.

Para promocionar el avance de obras públicas Cambiemos eligió publicitar el slogan “El Estado es estar”, quizás en un intento de resinificar la apropiación del concepto de Estado que durante 12 años realizó el gobierno de Cristina Kirchner. Pero cuando la comunicación no alcanza, queda la política. Y la política, en este caso, mostró lo contrario: recortes y desfinanciamiento. Retiro estatal.

En mayo de 2018 las autoridades del por entonces Ministerio de Agroindustria anunciaron que prescindirían de 330 empleados para hacer “un uso más eficiente de los recursos”; también recortaría en alquileres, viáticos y seguridad. El ministro Luis Miguel Etchevehere argumentó que su cartera debía “adaptarse a la realidad del país” y que los despidos se daban “en cumplimiento de la ley” a partir de la reducción del 10,5% en el presupuesto que votó el Congreso para el área. Algunos meses después, se produjo otra gran ola de despidos. Quienes sufrieron estas bajas fueron la Subsecretaria de Coordinación Administrativa (34), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (67) y la Secretaría de Agricultura Familiar (447).

“Los despedidos no son sólo números, son herramientas fundamentales para el funcionamiento de la actividad agropecuaria”

Nos detendremos brevemente en el caso de Agricultura Familiar por lo importante del número y por lo que representa en la práctica cotidiana. La mayor parte de estos despidos se produjeron en el interior del país, donde el trabajo de acompañamiento a las familias rurales es elemental. En un artículo publicado en La Voz del Interior, la antropóloga Juliana Quirós afirmó que el gobierno quitó recursos a una tarea que “apuntala el desarrollo a través del cara a cara con el pequeño productor (…) y el tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra”.

El trabajo en territorio es un pilar fundamental de INTA y el área de Agricultura Familiar

Esto significa dejar a muchas familias rurales sin interlocución con el Estado, dificultando su acceso a derechos fundamentales. Significa aislar a los pequeños productores, quitarles herramientas sin estudiar el impacto que eso representará. Se destruye así una trama político-social-productiva que llevó muchos años construir. El recorte, asegura Quirós, ni siquiera se justifica en el ahorro fiscal, ya que el presupuesto de Agricultura Familiar representa un porcentaje menor dentro del presupuesto total de Agroindustria. “Es una política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias del interior del país”, concluye.

Otra medida muy cuestionada fue el cierre del Monotributo Social Agropecuario (MSA). En el mes de julio de 2018, Agroindustria anunció la finalización de esta herramienta creada en 2009 por el gobierno kirchnerista. Este beneficio era financiado en parte por Agroindustria (25%) y en parte por el Ministerio de Desarrollo Social (75%), con costo cero para los productores. En la práctica, Agroindustria retiró su aporte, que estaba destinado a la obra social. El mismo era de 268 pesos por persona inscripta, pero además cubría la proporción de cada beneficiario adherente (es decir, integrantes de la familia) por lo que esa pequeña carga inicial podía alcanzar valores de 800 o 1000 pesos, dinero considerable para una actividad muy golpeada en los últimos años. Desde comienzos de 2019, alrededor de 100.000 personas se quedaron sin ese aporte.

La gravedad de este “retiro” tiene que ver con la desatención que muestra el gobierno sobre un sector vulnerable y expuesto negativamente a medidas como los aumentos tarifarios y la devaluación del dólar. Por aquellos meses Agustín Suárez, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), explicaba a InterNos que la creación del MSA nació buscando dar respuesta a la necesidad de regularizar una actividad “muy precaria, desregulada y desprotegida históricamente”.

No pensó lo mismo Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, quien justificó el recorte de este beneficio por considerarlo “poco eficiente”. “A veces está bueno que quien tiene un beneficio como éste pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien se lo hizo llenar y ni lo usa; y el Estado pone un montón de guita ahí“, declaró el funcionario al diario La Nación, generando un fuerte rechazo dentro de las organizaciones populares campesinas.

Ahora bien, ¿cuánto es “un montón de guita” para el Estado? Según estimaciones de la UTT, el “ahorro” por el recorte del MSA significaría un total de 360 millones de pesos anuales. Si lo miramos comparativamente desde una perspectiva macroeconómica, es una cantidad de dinero ínfima en relación al considerable beneficio que representa. ¿Por qué es un despilfarro cuando le toca a la agricultura familiar y una decisión estratégica cuando los beneficiarios son los sectores de riqueza concentrada? Cabe preguntarse, ¿cuánto dejó de recaudar el Estado luego de que se modificara el esquema de retenciones al sector agroexportador a comienzos de 2016? Cumpliendo con su promesa de campaña, al asumir su gestión Mauricio Macri eliminó las retenciones para casi todos los productos agropecuarios, menos para la soja y sus derivados, donde disminuyó la alícuota  en un 5%, disponiendo además de un cronograma de reducción progresivo del 0,5% mensual. Según datos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), con esta decisión el Estado dejó de recaudar 2132 millones de dólares en 2016 y 1972 millones de dólares en 2017. No obstante, cabe aclarar que en septiembre del mismo año, luego de la devaluación del dólar (y presionado por la situación económica del país) Cambiemos volvió a modificar el esquema y decretó nuevas retenciones a la exportación de mercadería primaria en un 12%, mientras que el maíz  y el trigo quedaron con valores del 10%, la soja de 28,5% y sus derivados de 26%. Habiendo dicho esto, y sin ánimos de caer en un análisis simplista que prime una actividad en detrimento de otra, vale decir que la sensación que deja el gobierno respecto al “otro campo” (bandera que han levantado los pequeños agricultores) es de desinterés y abandono.

Con “verdurazos” en Plaza Congreso los pequeños agricultores denunciaron la baja del MSA

También el titular de Senasa, Ricardo Negri, aludió a la necesidad de hacer “más eficiente y efectivo” el funcionamiento del organismo, argumento que ya parece un deja vu. Allí se produjeron despidos masivos en enero y abril de 2018; 130 y 213 respectivamente. Consultado por estas medidas, el funcionario remarcó que las cesantías eran contratos administrativos a los cuales no se les renovó por una “superpoblación” causada durante la gestión kirchnerista. Además, aseguró que el recorte no afectaría las tareas de control sanitario. Sin embargo, por aquel entonces Jorge Ravetti, coordinador de la Mesa Nacional de ATE Senasa, desmintió las versiones oficiales y aseguró que entre los despedidos había “veterinarios, agrónomos y técnicos” fundamentales para las tareas operativas en muchas oficinas sanitarias del país.

Dos institutos de relevancia como el INTA y el INTI vienen atravesando situaciones similares. En el primer caso se produjo desde 2016 una reducción de personal donde trabajadores jubilados (o con retiros voluntarios) no tuvieron reemplazos, lo que provocó un total de 250 vacantes. Durante 2018, los rumores de despidos masivos (se hablaba de 600 trabajadores) se instalaron con fuerza cuando un informe del Ministerio de Modernización señaló que la planta del INTA podía prescindir de 750 trabajadores. Finalmente esto no sucedió, pero lo cierto es que el organismo trabajó sin aumento presupuestario para sueldos, innovación, comunicación, extensión e investigación, entre otras actividades.

“Cuando la comunicación no alcanza, queda la política. Y la política mostró recortes y desfinanciamiento”

Donde sí se produjeron despidos fue en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 258 telegramas pintaron de gris el panorama para los trabajadores de la entidad, que tradujeron su bronca en lucha colectiva: por 47 días ocuparon el predio del organismo en la ciudad de Buenos Aires, con acampe y guardias permanentes. Fue en enero de 2018. Al momento de escribir esta nota se cumple un año de los despidos y, gracias a la lucha sindical, se produjeron algunas reincorporaciones. Actualmente otros trabajadores continúan su reclamo en la justicia laboral.

No hace falta explayarse en estos párrafos sobre la trascendencia de estos organismos en nuestra vida cotidiana. Quienes se encuentren vinculados al campo comprenderán el lugar que ocupa INTA a través de sus investigaciones y desarrollos tecnológicos, puestos al servicio de las los distintos tipos de producciones, con un importante trabajo de extensión en diversas zonas rurales del país. Lo mismo para Senasa, primordial en la tarea de garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos que consumimos o son exportados. INTI, por su parte, es el encargado de certificar, homologar, calibrar y controlar todos los elementos de elaboración industrial que nos rodean día a día. Resulta difícil imaginar cómo este tipo de ajustes podría resultar en un mejor funcionamiento de las entidades.

A menos, claro,  que la noción de “ñoqui” (tan fogoneada por los medios de comunicación) se instale con fuerza en el inconsciente colectivo. En Senasa, las cesantías fueron por superpoblación. En INTI se justificaron por incumplimientos laborales: faltas reiteradas, llegadas tarde, licencias extendidas, etcétera. Muchos despedidos afirman lo contrario y acusan las medidas de “arbitrarias”; no obstante, cabe preguntarse por qué no se buscó resolver casos particulares en vez de recurrir a los despidos colectivos. La falta de presupuesto, los ajustes desproporcionados y la constante presión por la austeridad no parecen ser ajenos a la situación. El  concepto de “ñoqui estatal” resulta la excusa perfecta y los trabajadores el chivo expiatorio de un gobierno que centra sus políticas en el impacto financiero pero no en el rol social que cumplen sus instituciones.

En la práctica, el retiro estatal se sentirá. Los despedidos no son sólo números y estadísticas; son herramientas fundamentales para el funcionamiento de la actividad agropecuaria en nuestro país. Sin los trabajadores (que hoy deben abandonar sus puestos contra su voluntad) muchas de las tareas realizadas se volverán ineficientes o directamente desaparecerán. Es necesario que el gobierno deje de pensar al agro desde variables macroeconómicas y comience a valorarlo en la totalidad de sus prácticas y dimensiones. Quizás, para ese entonces, todo lo que hoy se considera prescindible deje de serlo.

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