Productores, empresas y un debate que se reabre: ¿cómo resolver las tensiones comerciales?

|Río Negro|

La comercializadora Standard Fruit fue condenada en primera instancia a pagar 291.049 dólares a una firma productora por haberle liquidado la fruta con valores por debajo de los mínimos establecidos durante cuatro temporadas. Esta situación reabrió un debate en la zona productiva del valle: ¿cómo se establecen los precios de referencia de la fruta? ¿cómo se resuelve la tensión siempre latente entre chacareros y empresas en este tipo de acuerdos?

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Carlos Banacloy, explicó a InterNos que los valores mínimos a pagar por kilo se definen en la Mesa de Contractualización (creada por la Ley Provincial de Contractualización Frutícola) donde participan legisladores, técnicos del INTA y funcionarios de Fruticultura.

En esa instancia tanto INTA como la Secretaría calculan los costos productivos, considerando además los incrementos por inflación y paritarias. Se constituye así un precio estimativo medio, que no necesariamente es representativo de toda la región, ya que la inversión tecnológica o la reconversión realizada en cada finca tendrá como consecuencia montes frutales más eficientes que otros.

Chacareros y empresas deben suscribir a dicho precio de referencia al inicio de la temporada. Según menciona Banacloy, el nivel de adhesión este año fue alto: unos 280 acuerdos se hicieron a través de contratos formalizados y casi 500 a través de declaraciones juradas. El problema es que las declaraciones juradas, si bien están permitidas por la Ley de la Contractualización, no son estrictamente un contrato formal, por lo que se vuelven insuficientes para resolver conflictos cuando aparecen discrepancias entre ambos sectores. “Esa declaración jurada termina siendo una alternativa inicial para negociar dentro de la secretaría de Fruticultura, pero no tiene la validez real de un contrato”, dice el funcionario.

Los productores afirman que este tipo de acuerdos previos deben servir para que las liquidaciones cubran como mínimo los costos de producción y la inversión necesaria para realizar tareas culturales y sanitarias la temporada siguiente. Además, insisten en un tratamiento más transparente de la fruta para conocer cuánto se destina a descarte y cuánto finalmente es comercializado.

"Hay que trabajar en una cadena integrada, transparente y transversal”

Por su parte, muchas empresas empacadoras y comercializadoras son reticentes a firmar anticipadamente este tipo de contratos sin conocer los comportamientos de los mercados de destino y, por lo tanto, la rentabilidad de la temporada. Además, en no pocas oportunidades argumentan que reciben fruta por debajo de la calidad o el calibre requerido por los mercados, y este desfasaje genera grandes porcentajes de descarte en la liquidación final que recibe el productor.

Para Banacloy la única solución posible es una “integración transversal” entre ambos sectores, donde el productor “sepa para qué mercado está produciendo”, se sienta “contenido”  y conozca con precisión cuáles son las tareas de campo a realizar según la demanda. Además, plantea que las empresas deben “sincerar la realidad y mostrar los resultados positivos y negativos que tienen” para que la relación con los chacareros tenga reglas claras. “Es decir que cuando haya pérdidas haya pérdidas, pero cuando haya ganancias se vean reflejadas en toda la cadena”, explica.

Transparentar los negocios

Ponerse de acuerdo. Esa parece ser la mayor dificultad que tiene el valle frutícola para salir adelante. En los últimos años, el crecimiento de las empresas integradas –es decir, que producen, empacan y comercializan- redujo la demanda de fruta hacia los pequeños y medianos chacareros. Estos últimos, además, perdieron la capacidad de negociación frente a los actores más concentrados. Como consecuencia, su escaso o nulo nivel de inversión profundiza la crisis, cuya cara más concreta fue el cierre del mercado brasilero por problemas sanitarios en el mes de febrero.

En este sentido, Banacloy considera que el Estado provincial puede jugar un rol importante no sólo para destrabar los conflictos, sino para dar una vuelta de página y comenzar a construir una estructura de trabajo “integrada, transparente y transversal” que sea capaz de generar beneficios reales para ambas partes de la cadena. Por eso piensa en una necesaria actualización la Ley Provincial de Transparencia que considere estos aspectos.

¿Sentará el caso de Standard Fruit un precedente? Vale recordar que la denuncia fue realizada en el 2009 y recién esta semana (diez años después) se conoció la sentencia en primera instancia, que posiblemente sea apelada. “Los tiempos fenológicos y biológicos de las plantas hacen que el productor no pueda depender de la justicia para resolver su problema, entonces termina aceptando la liquidación porque necesita los recursos para seguir produciendo”, dice Banacloy.

"Hay que trabajar en herramientas que transparenten la comercialización, pero con incentivos. Que los productores se sientan contenidos por la empresa a la que entregan la fruta. Y que esa empresa tenga un beneficio real por haber contemplado la rentabilidad del productor en su liquidación”. Y concluye: "Incluso sería importante incorporar al gobierno de la nación para que pueda colaborar con este esquema de incentivos".