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Cosecheros, planes sociales y la construcción del prejuicio
|Argentina|
Semanas atrás, cuando el mundo todavía no giraba en torno a la pandemia del COVID-19, una noticia surgida desde Chilecito, La Rioja, ocupó un lugar importante en los portales de noticias más visitados de nuestro país. Se trató de la malograda convocatoria realizada por la municipalidad local para reunir, mediante una bolsa de trabajo, a una gran cantidad de mano de obra para las cosechas de vid, nuez y oliva. Un titular sobre el tema decía así: “Convocaron 3.000 trabajadores para la cosecha y el primer día solo se presentaron tres”. Otro: “En La Rioja necesitan 3.000 cosecheros, pero solo se presentaron 3 interesados”.
Para muestra basta un botón, dice el refrán. Oraciones similares encabezaron decenas de notas de este estilo que apuntaban, lisa y llanamente, a reforzar de manera malintencionada (y también ávida de clics e indignación digital) un estereotipo sobre la clase trabajadora: aquel que afirma que muchos no quieren esforzarse porque, en este país, lo que se obtiene con una asignación del Estado alcanza para sobrevivir (¿alcanza?). Más allá de la cuestionable práctica periodística, por aquel entonces las explicaciones de funcionarios municipales o dirigentes sindicales también giraron en torno la idea de que la gran cantidad de planes sociales era el motivo principal por el que los trabajadores -con experiencia o sin ella- decidieron no alistarse.
Aun cediendo una porción de verdad al argumento, esto no hace más que echar luz sobre la informalidad del trabajo en Argentina y los temores de muchos a perder, por una ocupación temporal, un ingreso fijo que les garantiza estabilidad frente a un mercado laboral cada vez más expulsivo. Pero el mecanismo mediático es seguro, eficaz, apela a los prejuicios más profundos que históricamente han sabido construir los grupos de poder en nuestro país. Rápidamente las redes sociales se llenaron de analistas que, desde la comodidad de sus computadoras, comenzaron a sacar cuentas de lo que gana un cosechero en Argentina. Claro, en esos análisis quedaron afuera las condiciones y la intensidad con las que se trabaja, la extensión de la jornada laboral, los pagos en negro y, en el peor de los casos, las condiciones de hacinamiento y destrato que sufren muchos golondrinas.
Ofrecían 3000 puestos de trabajo en la cosecha de #LaRioja y se presentaron 3 porque mucha gente no quiere abandonar los planes sociales. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/A8afII92GC
— Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) February 18, 2020
Tampoco consideran esos análisis el hecho de que la gran mayoría de los trabajadores no dispone de medios transporte y que, en no pocos casos, deben hacerse cargo de la movilidad con sus propios salarios (aunque la Ley de Trabajo se lo exija a los empleadores). En ninguna de las notas anteriormente citadas se menciona que algunas fincas pagan incluso por debajo de los jornales básicos estipulados en $1.224 pesos. Según afirmó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en un comunicado, esta temporada en La Rioja el valor de la gamela (18 kilos) era de 10 pesos para uva torrontés, 15 pesos para uva tinta, y el jornal varió entre $500 y $1000 según la productividad.
En dicho comunicado se desmienten además otros puntos. Por ejemplo, se aclara que en toda la provincia existen aproximadamente 4.000 beneficiarios de los programas Salario Social Complementario y Haciendo Futuro, de los cuales el 80% se sitúa en la ciudad capital. ¿Y en Chilecito? “Sólo hay 500 compañeros vinculados a estos programas en el departamento, lejos de los 2.997 faltantes en la convocatoria que difunden de manera canalla los medios de comunicación”, expresaron desde la UTEP.
Pereza, mala intención o clickbait. Algunos de los motivos para no profundizar en el porqué de la convocatoria fallida. “Fallida” entre comillas, ya que las declaraciones del intendente Rodrigo Brizuela y Doria (“todos los días recibo mensajes de cientos de vecinos que me piden trabajo, ahora que hay, es la oportunidad de por lo menos hacer una diferencia con la cosecha por 4 meses como mínimo”) fueron publicadas tan solo un día después de abiertas las inscripciones. Eso sí. En ningún lado se anunció cuántas personas se anotaron para realizar las tareas de cosecha hacia el final de la convocatoria.
Esa noticia de hace una semana que decía que en La Rioja se necesitaban 3.000 personas para una cosecha y que se anotaron TRES, es la prueba científica que nunca en Argentina se va a poder expropiar el campo. Hay 20 millones de personas que no trabajan ni aunque les des latigazos
— Nicolas de la Plaza (@NdelaPlaza) March 6, 2020
En este contexto de pandemia, la producción y comercialización de alimentos se revalorizó como una actividad esencial. Aparecieron cientos de videos de agradecimiento para los hombres y mujeres que trabajan en el campo cultivando y cosechando la comida que luego llega a la mesa de millones de argentinos. El trabajador rural tomó un lugar de visibilización importante por su rol en la cadena. Quizás sea este el momento para mencionar la informalidad en que muchos de esos trabajadores se desempeñan, vulnerables por ser el eslabón más “débil” de la cadena, con jornadas de trabajo que solo rinden si las cosechas se hacen a gran intensidad, lo cual tiene efectos devastadores sobre la salud humana.
Frente a esto es razonable que, quienes puedan, elijan la posibilidad de tener esos mismos sueldos en otros trabajos o con changas, sin la necesidad de exponerse durante horas al intenso calor o el crudo frío, sin movilidad y con mayores gastos por estar lejos de sus hogares. Así lo expresó en parte, el secretario de Gobierno de La Rioja, Ramón Carrizo: “(…) quiero explicar algo para no generar falsas expectativas: todo se mide por rendimiento y productividad. Por ejemplo, la nuez se paga por cada bolsa que entregue el trabajador. Las bolsas de vid son de 18 kilos. En promedio se sacan 150 por día, lo que representa $3.500 para el trabajador. El que menos saca (40 o 50), cobra $1.200. Parece mucho dinero, pero hay que tener en cuenta varias cuestiones. Una de ellas es que muchos no son de acá y pagan sus propios hospedajes. Otros, tienen a sus familias en Chilecito y deben vivir de ese dinero durante los meses trabajados. No es fácil”.
Hay un gran porcentaje de la clase media acomodada que repite como loro: no trabajan porque son vagos. Bueno sería ver a esas mismas personas soportar las condiciones laborales de un trabajador golondrina durante una temporada de cosecha en los cañaverales del norte, las plantaciones de cítricos en el NEA o las peras y manzanas del sur. Estos mismos trabajadores, fundamentales en cada Economía Regional, son los que sufren maltratos como el caso de Mendoza ocurrido días atrás, donde una mala gestión de los permisos para circular por la pandemia dejó a una cuadrilla de cosecheros jujeños varada una semana entera en la terminal de ómnibus de la ciudad capital, ya que los gobiernos de Jujuy y Mendoza no garantizaron las condiciones para su regreso. “Dormimos en el suelo, en el pasillo de la terminal. Algunos ni durmieron porque el piso es bien frío”, dijo un cosechero a un corresponsal de prensa. “Les pedimos que no sean egoístas. Esta gente pobre es la que les levanta la cosecha”, agregó una mujer en la misma entrevista.
¿Se cumplen los protocolos de sanidad para garantizar la seguridad de los trabajadores durante las cosechas frente al COVID-19? ¿reciben elementos de protección? ¿se asegura el distanciamiento social durante el traslado de los cosecheros? Las habitaciones o espacios donde residen, ¿permiten dicho distanciamiento? ¿se les entrega elementos de higiene? ¿cómo eran antes y cómo son ahora, en plena pandemia, las condiciones de trabajo de este tipo de empleos? ¿Se separa a la población de riesgo para evitar su exposición al virus? Estas son algunas preguntas que podrían plantearse los editores que titularon con animosidad sobre la convocatoria semanas atrás.
Así como hoy nos rompemos las palmas aplaudiendo al personal de la salud, la seguridad y de los alimentos que permiten moderar los efectos de la cuarentena, también podemos empezar a reconocer la labor de los trabajadores rurales; no como una gesta heroica y anónima, sino como una actividad que necesita ser considerada por el valor que tiene per se. Garantizar la continuidad del sistema productivo y el abastecimiento de alimentos está bien, claro. Pero no a costa de la salud y los derechos laborales de quienes no tienen la posibilidad de elegir y deben continuar con sus obligaciones en el campo, en los empaques, en los mercados. A ellos y ellas es a quienes más hay que cuidar en estos momentos. Con palabras y con hechos.