¿Cuál es el modelo detrás de los anuncios?

|Argentina|

El gobierno nacional presentó el programa Sembrar Soberanía Alimentaria, en el cuál destinará 1.000 millones de pesos para fomentar la transición agroecológica en la agricultura familiar. El programa, que se anunció en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre, tiene como objetivo “fortalecer los procesos organizacionales y de gestión de las unidades productivas vinculadas al sector alimenticio", según anunció el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante su presentación.

Arroyo explicó además que el financiamiento estará dirigido a provincias, municipios y organizaciones sociales para que generen proyectos productivos en el marco de una producción agroecológica como requerimiento esencial. “Esto es reconstruir las condiciones para que haya movilidad social ascendente y es un salto en la política alimentaria; es ir más allá de la asistencia y apostar por la calidad nutricional”, declaró el funcionario al respecto.

“Estamos a favor de toda política pública que inyecte recursos al sector. Por lo que se charló, se va a apuntar a fortalecer procesos de producción semilla, de agroecología e insumos para el pequeño productor. Era un poco lo que estábamos esperando, un impulso económico a través de proyectos y propuestas”, dijo a InterNos Agustín Suárez, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que ha logrado gran reconocimiento mediático -e incluso peso político- a través de su militancia por la agroecología, la alimentación de cercanía y la lucha por el acceso a la tierra, entre otras cosas.

Lucas Basso, del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) rama Rural, dijo a este medio que el proyecto “recoge muchas de las demandas y propuestas que desde los distintos espacios y organizaciones hemos hecho a lo largo de los años”, aunque su funcionamiento terminará de conocerse “en la implementación y despliegue en territorio”. Durante la presentación, se destacó que la inversión apuntará a la compra de maquinaria e insumos, mejoras en el acceso al agua, acondicionamiento de espacios productivos, y aportes desde la capacitación técnica.

Desde su asunción, el gobierno nacional ha insistido en su objetivo de avanzar con herramientas para los actores del “otro campo”, denominación elegida durante el macrismo por un sector de la agricultura familiar a la hora de distinguirse de los grandes productores del agro extensivo con perfil exportador.

En este sentido, las políticas anunciadas a la fecha por Agricultura -muchas de ellas en línea con el ministerio de Desarrollo Social- no fueron pocas. Repasemos algunas: solo dos semanas atrás, el Ministerio anunció un financiamiento de 32 millones de pesos para productores bonaerenses agroecológicos de la agricultura familiar. Siete días después, bajo la firme convicción de Luis Basterra y en el marco de la aplicación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, la cartera asignó 100 millones de pesos para “fortalecer a agricultores familiares, campesinos e indígenas”. En el mes de junio, se había anunciado la creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que otorgó 30 millones de pesos iniciales para aportes no reintegrables (ANR) a los actores de este sector.

Discursivamente, el gobierno apunta a una nueva ruralidad argentina, que refuerce la producción en periurbanos para la comercialización de cercanía. En línea con el vocabulario propio de las organizaciones sociales que trabajan en territorio -y en un punto hasta mimetizado con el mismo-, muchas de estas políticas hablan de fomentar una producción “sana” y “sustentable”, lo que abre la puerta a imaginar una frutihorticultura actual que trabaja desde sus antípodas. ¿Es tan así? A esto, se suman funcionarios que se posicionan a favor de eliminar a los intermediarios para alcanzar un “precio justo” o, como sucedió recientemente, proponen la creación de una mayor cantidad de ferias para el abastecimiento local.

Todos estos puntos son atendibles y deseables para un sistema productivo y comercial de alimentos. Estamos de acuerdo en nadie quiere comer frutas y verduras contaminadas, ni pagar demás por ellas. Sin embargo, la narrativa actual en términos productivos del gobierno parece estar, de a momentos, asociada hacia un “empezar de cero”, donde los circuitos de comercialización que han abastecido por años a la sociedad argentina ya no sirven y quedan atrapados en un viejo paradigma.

Así, poco se habla de los mercados concentradores, por ejemplo, que suministran a millones de personas en las distintas provincias del país y permiten que ciudadanos del norte coman manzanas producidas a cientos de kilómetros de distancia, o que un sureño tenga en su verdulería bananas salteñas de temporada. Pareciera menos tentador dirigir políticas hacia estos mercados o incluso hablar de la necesidad de optimizar el trabajo en el último eslabón de la cadena, no por eso menos importante, que son las verdulerías.

Posiblemente se obtenga menos impacto al pensar en políticas destinadas a los intermediarios; a los ojos de la opinión pública, puede no medir lo suficientemente bien. No obstante, y más allá del necesario impulso a las ferias y la comercialización de cercanía, el 80% de las ventas de frutas y hortalizas en nuestro país se siguen realizando a través de verdulerías, ya sean de pueblos o ciudades. Los transportistas, los organismos de control, los mercados y los verduleros siguen siendo el pilar fundamental de nuestra alimentación actual. Esto no los exime de grandes problemas sanitarios, fiscales y de formalización, claro. Entonces, ¿por qué no sumarlos a la agenda?

El avance de la agroecología -y de una Dirección Nacional- es una buena noticia para todos los argentinos. La llegada de procesos de producción que incorporen mayor sensibilidad sobre el impacto en el medio ambiente, así como también la discusión por una comercialización más justa -para el productor y el consumidor- serán temas centrales para los próximos años.

Sin embargo, lo que no queda claro es hasta qué punto este tipo de anuncios será un conjunto de slogans o se convertirán, efectivamente, en políticas concretas para el sector, sobre todo porque hoy conviven con otros proyectos productivos que poco tienen que ver con la sustentabilidad, como lo es la instalación de un gran criadero de cerdos para exportar carne a China. Queda ver hasta qué punto este tipo de políticas del Ministerio de Desarrollo Social pueden aunarse a los planes a largo plazo de otras carteras, como Agricultura, Economía o Producción.