Santa Fe: Regulan la aplicación de agroquímicos en una zona urbano - rural

|Santa Fe|

El juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Duilio Hail, dispuso que en el municipio de Sastre y Ortíz las aplicaciones con agroquímicos en zonas rurales deban realizarse a -como mínimo- 1000 metros de distancia de la planta urbana.

La organización multisectorial Paren de Fumigarnos calificó como “histórica” la disposición, que se realizó en el marco de un recurso de amparo presentado en 2018 por la familia Giraudo, cuya hija de dos años recibe tratamiento oncológico, según señalan desde la organización, por la exposición crónica a estos productos. "Nos parece imprescindible apoyar este fallo digno y ejemplar, que rescata el espíritu del principio precautorio y es la mejor demostración de respeto a los derechos humanos", expresaron desde la multisectorial.

Las legislaciones en torno a la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas siempre son materia de debate. El principal motivo es que, ante la ausencia de una normativa única a nivel nacional, son los propios municipios quienes deben tomar este tipo de decisiones a partir de las experiencias que se dan hacia dentro de sus territorios y, por supuesto, del peso que ocupan las organizaciones sociales o las entidades agrarias en la discusión. No es menor citar el caso de las Madres de Barrio Ituzaingó, en Córdoba, quienes sentaron un precedente en este sentido al llevar a tribunales a los responsables de aplicaciones con avioneta en zonas de convivencia urbano – rural.

En este sentido, cabe recordar que en junio de este año el diputado nacional Leonardo Grosso -también presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja- retomó una iniciativa creada en 2017 por Pino Solanas para regular el uso de agroquímicos en nuestro país.

El documento busca construir presupuestos mínimos de aplicación y prohibir la utilización terrestre, manual o mecánica a menos de 1500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, entre otros espacios. De esta manera, el objetivo es eliminar la arbitrariedad de cada intendencia o juzgado local para dimensionar los efectos que las aplicaciones y sus derivas tienen sobre la salud humana o, porque no mencionarlo, los cultivos de terceros.

El proyecto, sin embargo, avanza lento. Y en un contexto de pandemia, parece que no tendrá el peso suficiente para instalarse en las agendas mediática y política, que determinan en tándem los temas a legislar. “Estamos juntando muchos apoyos, vamos tranquilos, no nos apura nadie. Muchas organizaciones campesinas, de pueblos fumigados, de la ciencia se han comunicado con nosotros y estamos hablando con todo el mundo”, declaró Leonardo Grosso a este medio meses atrás.

El telón de fondo de estas discusiones es la falta de planificación en los periurbanos argentinos. El avance de las ciudades traccionado por la actividad privada, sin mediar previa regulación de los gobiernos municipales -o con su connivencia- es el resultado de lecturas a corto plazo sobre los recursos y la organización territorial. Combinadas con la ambiciones de un sector productivo que no tiene escrúpulos en producir una hectárea de soja al lado de una escuela rural sólo porque la ley se lo permite, resulta un combo explosivo.

"Cuando aparecen los problemas de deriva al lado de las escuelas. Además de preocuparnos para que ya no pase, hay que preguntarse: ¿qué hace esa escuela ahí? o ¿por qué permite alguien que haya cultivos a tan pocos metros de un establecimiento rural?”, dijo a este medio Pablo Tittonell, agrónomo que trabajó en el ordenamiento territorial durante su paso por el Programa Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones del INTA.

El ordenamiento territorial es una deuda pendiente para pensar el desarrollo de las ciudades en los próximos años, así como los modelos productivos que las abastezcan. Y no solo del agro extensivo, sino también de los Cinturones Verdes, fundamentales por la producción y comercialización de alimentos frescos de cercanía y por su impacto sobre los centros urbanos.

"El ejemplo más claro es la tierra, pero también se debe planificar sobre el agua, la biodiversidad, los corredores verdes. Perder un cinturón verde es consecuencia de falta de planificación. Más allá de su necesidad productiva, un cinturón verde es importante por los servicios ecosistémicos que ofrece, por ejemplo, la regulación hídrica. Si vos perdés el cinturón verde de una ciudad vas a tener inundaciones todos los años. ¿Y quién paga por ese costo?", concluyó Tittonell.