El etiquetado frontal de alimentos cada vez más cerca

|Argentina|

El Etiquetado Frontal de Alimentos será tratado en el Congreso de la Nación. En el día de ayer, el borrador de proyecto de ley obtuvo la aprobación de dos comisiones del Senado, que lo elevaron para su tratamiento en las cámaras la próxima semana. La iniciativa fue aceptada por la mayoría de los legisladores, a excepción de representantes de las provincias azucareras, que mostraron su oposición al sistema gráfico elegido.

El tema fue tratado en varias oportunidades en las Comisiones de Salud y de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores desde que el ministro de Salud, Ginés González García, mostrara la decisión política de avanzar en un sistema de etiquetado como una política necesaria -entre otras- para reducir los elevados niveles de sobrepeso y obesidad que tiene Argentina.

El proyecto de ley integra unas 13 propuestas presentadas con anterioridad por legisladores de distintas bancas a nivel país. El objetivo de Salud fue unificarlos y sumar evidencia científica disponible al momento para construir un nuevo texto que incorporara los intereses de todos los actores al debate. Además, cuenta con el apoyo de los ministerios de Agricultura y de Producción, y con el acompañamiento de la Secretaría de Comercio del Interior, conducida por Paula Español. Cabe recordar que en 2019, durante la gestión de Adolfo Rubinstein frente a la cartera de Salud, la discusión sobre etiquetado se vio trabada por, en palabras del propio funcionario, “los obstáculos de la industria alimentaria y su influencia sobre la Secretaría de Comercio”.

En este caso, el gobierno se mostró alineado hacia dentro de su propia estructura y logró armar un proyecto que priorizara los objetivos de la salud pública. El sistema gráfico elegido es el de Advertencia: un rotulado de sello negro, octogonal, que marca el "Exceso de" nutrientes críticos como sal, grasas y azúcares en los productos. Este sistema facilita la interpretación de las etiquetas en una menor cantidad de tiempo y ayuda a modificar el perfil de compra, es decir, favorece la elección de alimentos más saludables. Información clara, simple y precisa para tomar decisiones frente a las góndolas.

Sistema de Advertencia. Busca impactar al consumidor ante la presencia de nutrientes críticos en los alimentos. En algunos casos la etiqueta puede expresar "Exceso en". Varía según la normativa específica de cada país.

Por supuesto, existen críticas al etiquetado de advertencia. En primer lugar se encuentra la COPAL, coordinadora que reúne a unas 14.000 empresas de alimentos de todo el país, cuya posición en el tema es largamente conocida. Algunas de sus premisas señalan que el consumidor debe hacer “una elección informada” y que el etiquetado frontal debe permitir “la libre elección y empoderamiento” a la hora de comprar, sin “demonizar” a los productos. Por eso proponen otros sistemas gráficos como el GDA con colores, un modelo que sin embargo requiere mayor conocimiento previo para su interpretación e impide reconocer con facilidad el impacto de los alimentos en la salud.

Modelo GDA policromático. Sistema informativo que propone educar al consumidor. Los porcentajes se calculan sobre una porción X de producto.

“En ningún momento se busca demonizar, pero sí es necesario advertir. Hay una frase que ayuda a entender esto: mucha información mata información. Hay que ser inteligentes respecto a qué ponemos al frente del envase. Siempre va a estar la opción de darlo vuelta y leer todos los ingredientes. Debemos incorporar las dos cosas: un mensaje conciso, claro y unificado al frente, y el resto de la información detrás”, respondió días atrás Paula Español, secretaria de Comercio, a las objeciones planteadas por Daniel Funes de Rioja, titular de la COPAL.

Pero en el último debate aparecieron otras resistencias. Tal es el caso de la senadora tucumana por el radicalismo, Silvia Elías de Pérez, quien entendió al proyecto de ley como un ataque directo contra la industria azucarera y, en particular, contra su provincia. "Nuestra industria vale. El azúcar es un producto natural. Y es buena para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza. Y más triste cuando escucho a amigas senadoras que quieren desincentivar su consumo", dijo la funcionaria a tono con el discurso de la COPAL.

Beatriz Mirkin, senadora peronista también por Tucumán, adelantó su negativa al proyecto y propuso que los ingresos que “le quitan” a su distrito por la refinación del azúcar sean compensados con beneficios para la industria del bioetanol (producto que se obtiene de la caña). También que los productos azucarados no incorporen la etiqueta de advertencia, sino que señalen los problemas asociados a su ingesta en exceso, como sucede desde hace algunos años con la sal de mesa.

En un tono conciliador, la senadora oficialista por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, pidió seguir trabajando en el recinto para "compatibilizar un proyecto de ley que no afecte a ninguna industria". Recordó que no es contra ninguna provincia e industria en particular, sino que basa sus principios en garantizar un mayor acceso a la información como política fundamental de salud pública. Además, invitó a ver el proyecto como una oportunidad para que la industria pueda mejorar la composición de los alimentos que ofrece. "El espíritu de este proyecto no debe ser salud versus trabajo. Podemos armonizar dos intereses que son muy importantes para la Argentina", aseguró.

Tal como señaló InterNos días atrás, un tema sensible a tratar en el recinto será la cantidad de tiempo que tendrán las empresas para adecuarse a la normativa. El borrador indica que las grandes empresas elaboradoras de ultraprocesados tendrán 6 meses para acoplarse; mientras que las cooperativas y pequeñas y medianas empresas tendrán un plazo de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo seis meses más (18 meses en total). Cuando decimos “adaptarse a la normativa” nos referimos al hecho de modificar el packaging o los ingredientes de los productos que contengan nutrientes críticos en exceso. Resta ver si la pandemia flexibilizará los plazos.

Diferencias entre los envases argentinos y chilenos, estos últimos con etiquetado de advertencia.

Uno de los puntos fundamentales del proyecto es que, para determinar los valores máximos de azúcares libres, sodio, grasas saturadas, grasas totales y ácidos grasos trans de cada producto deberá utilizarse el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se basa en las metas de ingesta de nutrientes establecida por la OMS para prevenir la obesidad y las ECNT relacionadas. El mismo puede leerse en detalle acá.

Días atrás, la secretaria de Comercio Paula Español destacó “la voluntad de lograr acuerdos” no solo en el etiquetado frontal, sino también en las disposiciones que complementan la normativa y que tienen que ver con la regulación de entornos escolares y la prohibición de publicidad engañosa, sobre todo en lo referido a niños y adolescentes. En este sentido no es menor decir que el proyecto prohíbe que los alimentos y bebidas que lleven etiquetas negras incorporen personajes infantiles, animaciones, celebridades o deportistas para motivar las compras. También estará prohibida la utilización de “claims” nutricionales que contengan logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles.

La Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas (Fenaomfra) acompaña el proyecto de ley y lanzó una campaña en sus redes sociales.

En el caso de los productos con edulcorantes, los envases deberán contener una leyenda precautoria debajo de los sellos de advertencia con el texto: "Contiene edulcorantes. No recomendable en niños/as". También se incluye el contenido de cafeína y una advertencia sobre el consumo de la misma en la niñez. Se exceptuará de la aplicación del sello negro a los aceites vegetales y frutos secos.

El proyecto se tratará la semana que viene en el Senado. De ser aprobado pasará a diputados para su sanción definitiva. De esta manera, Argentina podría sumarse a Chile, México, Perú y Uruguay (pondrá en marcha la medida a partir de 2021) con etiquetados de advertencia en la región.

Como mencionamos en un artículo realizado meses atrás sobre este tema, al igual que las campañas para reducir el tabaquismo o el consumo de alcohol, el etiquetado es una política de salud pública y debe ser entendida así en toda su plenitud: su objetivo es atacar de lleno la epidemia de obesidad que afecta a nuestra población y construir hacia consumidores más responsables y conscientes de su alimentación.

Para el Estado, decretar una política en este sentido significaría, además, reducir considerablemente el gasto público que representa hoy en el sistema de salud el tratamiento de las ECNT. En este sentido, rescatamos las palabras de Sebastián Laspiur, quien es consultor nacional de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la eficiencia del etiquetado frontal de advertencia. “Es el que ha demostrado cambiar el perfil de compra. Si uno intenta poner más colores o información pierde eficacia. Sabemos que solo con la educación alimentaria y la autoregulación de la industria no alcanza”, dijo Laspiur.