Agroecología, propiedad privada y tensiones políticas

|Buenos Aires|

El debate por la agroecología tuvo un nuevo capítulo en nuestro país y en esta oportunidad fue en el ámbito legislativo bonaerense. Francisco “Paco” Durañona, senador provincial del Frente de Todos, presentó dos proyectos para estimular estos sistemas productivos que fueron rechazados por el bloque de Juntos por el Cambio, lo que impidió su tratamiento en la cámara alta.

El proyecto principal tenia como objetivo promulgar una Ley de Incentivos a la Agroecología y el segundo buscaba que el gobierno provincial declarara de interés a la actividad. Para Durañona, el bloque opositor nunca tuvo vocación de tratarlos. “Somos conscientes de que es un tema que requiere de debate y no debe salir de la noche a la mañana, pero decidieron no darnos ese espacio, pusieron excusas y apelaron a algo que no se hace en el ámbito legislativo: podían ponerlo como tema en estudio para abrir un debate a especialistas, pero directamente lo rechazaron”, dijo Durañona al medio Infocampo.

Entre sus puntos principales, el proyecto proponía crear un Registro Provincial de Productores/as Agroecológicos/as para tener datos actualizados sobre distribución espacial, rubros, potencial productivo y cantidad de unidades productivas. De esta manera, quienes formaran parte de dicho registro quedarían exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Rural e Ingresos Brutos y obtendrían un isologotipo de “Productos Agroecológicos” para identificar su mercadería una vez certificadas las prácticas a campo, claro está. Además, el texto abordaba el problema de la deriva de agroquímicos. Buscaba que los campos linderos a establecimientos inscriptos en el registro no pudieran aplicar agroquímicos a menos de 300 metros de forma terrestre y a 500 metros de manera aérea.

Sobre el rechazo, el bloque de senadores del Frente de Todos acusó a la oposición de no dar el debate por estar “aferrados a la defensa del modelo vigente”. No obstante, la presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, Felicitas Beccar Varela, negó la falta de voluntad y argumentó la existencia de múltiples proyectos similares en Diputados. “Lo más prolijo era rechazarlo y empezar uno nuevo con consenso de ambos bloques”, declaró la senadora. Beccar Varela dijo además que el proyecto contenía errores de redacción y conceptos que le fueron señalados incluso por asesores del propio Frente de Todos. Según declaró la funcionaria, algunos integrantes del oficialismo le pidieron frenar el debate porque su aprobación significaría “un agujero para la provincia en términos económicos”. Durañona descartó esta versión y añadió que, al tratarse de incentivos mínimos para quienes se vuelquen a la producción agroecológica, el proyecto no tendría ningún impacto fiscal para Buenos Aires.

Por otro lado, la senadora arguyó haber recibido notas firmadas por entidades de trabajadores de la tierra, asociaciones gremiales y académicos que consideraban inaplicable el proyecto por “atentar contra la propiedad privada”. Su aprobación, agregaban, ponía en riesgo a los sistemas de producción que hoy abastecen a nuestro país y generan divisas de exportación: un eufemismo para hacer referencia a los sistemas de producción extensiva.

A nivel nacional el objetivo del gobierno es avanzar en la agroecología, cuanto menos como experiencia fundante, y para sentar precedente de política pública en nuestro país. En ese contexto, propuestas como la de Durañona -uno de los responsables además del proyecto que impulsa un “ProcreAr Rural” para los pequeños y medianos agricultores- encuentra niveles importantes de aceptación a nivel social. El debate en el terreno legislativo, sin embargo, se empantana y choca contra posiciones ideológicas opuestas en extremo, que parecen defender un modelo productivo que no admite cuestionamientos.

Discursivamente, la agroecología se ha propuesto como modelo alternativo al cultivo de grandes extensiones de granos o cereales. Expresiones como “soberanía” y “seguridad” alimentaria pueblan el terreno del debate y tomaron impulso ante las medidas de aislamiento durante los primeros meses de Coronavirus en Argentina. La necesidad de de contar con alimentos producidos en cercanía sirvió como parangón para posicionar en agenda el tema. Pero, ¿qué tan válida es la dicotomía planteada entre ambos modelos productivos? Para asegurar la soberanía alimentaria, ¿es necesario desterrar la tradición del agro extensivo, su aporte de conocimiento y tecnología? ¿acaso no es importante su presencia para el desarrollo de muchas regiones del interior, además de ser una fuente clave de divisas al Estado?

Hacer estas preguntas no inhabilita, claro está, otros debates ineludibles como el impacto que el monocultivo (la sojización argentina) trajo sobre los suelos, la pérdida de diversidad y la creciente utilización de agroquímicos para paliar las dificultades de un modelo productivo que, luego de treinta años de auge, empieza a mostrar sus efectos secundarios. Esto, sin entrar en los conflictos de convivencia urbano – rural que distan de ser un problema estrictamente agrícola para traducirse en demandas sociales y disputas legales.

En una nota publicada a principio de año, reflexionábamos sobre esta grieta para pensar la estructura productiva del agro en nuestro país:

“Tanto quienes producen alimentos para el consumo interno como quienes generan las divisas mediante las cuales el gobierno sostiene su política fiscal o el desarrollo de la industria son fundamentales para salir de la crisis. Y aunque una afirmación de este tipo no encaja en la dinámica de discusión actual, es necesario abrir el juego para abandonar la lógica mediante la cual todo productor de soja es un ‘empresario sojero’ con rentas extraordinarias y donde cada pequeño agricultor es ‘alguien que hace política mantenido por el Estado'”

El año avanza y aunque la discusión parece estancada de momento, lo cierto es que la agroecología se ha instalado en la agenda política y hay que destacar que no se trata de un fenómeno estrictamente argento.