Solicitan que se prorrogue la Ley de Emergencia Indígena

|Argentina|

Hoy, el Senado de la Nación debatirá la prórroga de la ley 26.160 de emergencia indígena propuesta por la senadora, Nora Giménez. El objetivo de la legislación es culminar con los relevamientos de las comunidades originarias en nuestro país y evitar los desalojos de las mismas.

La normativa se sancionó originalmente en 2006 y fue prorrogada en tres oportunidades, 2009, 2013 y 2017. De acuerdo a la vigencia actual, el 23 de noviembre de este año la ley quedaría sin efecto y por eso se promueve nuevamente su extensión. Vale mencionar que la solicitud de prorroga recibió dictamen en comisiones y pasó a la firma el 28 de septiembre de este año con el aval del oficialismo, pero no del bloque opositor.

La ley 26160 nació para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de los pueblos originarios. La misma, se plantea en consonancia con el Artículo 75, inciso 17, de la Consituticion Nacional que entre sus puntos más importantes establece el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, el respeto a su identidad y a la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Al mismo tiempo, suspende la ejecución de los desalojos en aquellas tierras que sean ocupadas por los pueblos originarios y ordena realizar un relevamiento de las comunidades, y de los territorios. Con el fin de cumplir eso último, en 2007 se creo el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

"Pedimos que se prorrogue esta ley porque hasta la actualidad solo se relevó un 42% de las comunidades, es decir aproximadamente 700 cuando en total hoy existen más de 1700. Además, la ley prohíbe el desalojo y eso es fundamental. Si bien no resuelve la problemática de fondo del territorio, es un resguardo para las comunidades para que se las reconozca y se las proteja. Si no se aprueba, estaríamos vulnerando los derechos de los pueblos indígenas”, manifestó a InterNos Susana Soleto, Coordinadora del Programa de Derechos Indígenas de Incupo.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil reconcen que la nueva prórroga se queda a medio camino a la hora de reconocer el territorio de los pueblos originarios porque no les otorga títulos de propiedad. Para resolver eso se elaboró la ley de propiedad comunitaria indígena que ya fue presentada en el Congreso, pero aún no obtuvo dictamen.

“Esa ley de propiedad comunitaria también tiene que tratarse con urgencia para que haya un verdadero reconocimiento de las comunidades y sus territorios, porque allí es donde viven y donde construyen su identidad”, comentó Soleto.

#PorLasComunidadesIndígenas

Lograr la permanencia de la ley 26.160 constituye un paso previo necesario para que las comunidades indígenas puedan garantizar una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.#RenovaciónDeLaLey26160 #PropiedadComunitariaIndígena #Ley26160 pic.twitter.com/SUiQs6oTP1

— Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (@APDHArgentina) October 25, 2021

Un dato no menor, es el contexto en que la ley 26.160 volverá a debatirse y en el mejor de los casos prorrogarse. En los últimos días, los reclamos de las comunidades idígenas ocuparon gran parte de los titulares. Los medios nacionales, algunos con más certeza y seriedad que otros, se hicieron eco de los reclamos territoriales que llevan adelante las comunidades mapuches del sur del país.

Sin embargo, pareciera que a la hora de hablar de los pueblos originarios los discursos se contaminan de desinformación y estigmatización. Hecho que no es nuevo y que se repite hace cientos de años en la región.

Indios al ataque, los nuevos terroristas y reivindicaciones sobre la Conquista del Desierto fueron algunas de las expresiones usadas en el prime time argentino ante el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón (CAP) que se adjudicó a las comunidades mapuches de la zona.

Aunque todavía no hay certezas de quienes fueron los autores. Solo una nota de dudosa procedencia, dirigida a las empresas Beneton y Lewis, a la gobernadora, Arabela Carreras, y al intendente, Bruno Pogliano.

Mientras tanto en Cuesta del Ternero, un paraje argentino ubicado en la provincia de Río Negro, la comunidad mapuche Lof Quemquemtrew fue reprimida por las fuerzas policiales y se encuentra aislada hace más de un mes sin acceso a abrigo ni alimento.

En este marco, la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marisol Blanchard, envió al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, un pedido de informe sobre dicha situación. La solicitud fue requerida por la medida cautelar presentada por el Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro y el abogado Juan Manuel Salgado.

"Los miembros de la Comunidad ocupan el territorio que reclaman como comunitario y que se encuentra titulado a nombre del Estado (terreno fiscal). Manifiestan resguardarlo de los daños ambientales producido por las personas autorizadas por el Estado, quienes lo destinan a la forestación de especies exóticas” explicó Salgado en su petición ante la CIDH.

Además, el texto agrega: “Por esa acción fueron citados por el Ministerio Público Fiscal con quien se llegó al acuerdo de esperar hasta el lunes 27 de septiembre. Sin embargo, el 25 de septiembre la Policía, por orden del Ministerio Fiscal, detuvo a cuatro personas e impidió la provisión de alimentos y abrigo sitiando el lugar desde entonces".

En este escenario, Julián Fernández, director nacional de Asuntos Jurídicos del INA, en entrevista con Tiempo se refirió a la importancia de la ley de emergencia indígena y a los desalojos que se intentan llevar adelante en Río Negro.

“Hay muchas sentencias que se encuentran suspendidas por el artículo 2 de la ley, por lo que podrían concretarse rápidamente si no se prorroga esa normativa que prohíbe la suspensión de desalojos de comunidades originarias. En el caso de Río Negro, la ley 26.160 pondría blanco sobre negro para poder saber la realidad comunitaria de cada caso”, comentó Fernández.

Vale aclarar que el caso de Río Negro es solo uno y ahora el más resonante, pero hay que reconocer que la falta de reconocimiento y la estigmatización hacia las comunidades originarias se extiende a largo y ancho de todo el territorio argentino. Bajo toda esta cadena de hechos, conflictos y discursos cruzados se debatirá hoy la prórroga de la ley de emergencia indígena.

“La ley es importante para que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios. Ellos hablan de territorios y no de tierras ¿por qué?, porque el territorio es su lugar, su cobijo, donde encuentran su comida y sus medicinas. Es mucho más que la tierra. Otra cosa que es importante destacar y valorar como en las comunidades indígenas la naturaleza se encuentra en mayor armonía que en los espacios en que intervenimos nosotros, y por otros intereses, la deterioramos”, concluyó para este medio Susana Soleto, representante de Incupo.