Más allá de Grabois: el verdadero debate por la tierra

|Argentina|

"Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente una redistribución de la tierra", fueron las palabras de Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que encendieron una caldeada discusión en el agro argentino durante las últimas horas.

De manera simultánea, entidades rurales de todo el país salieron a rechazar lo expresado por el dirigente social: la Sociedad Rural consideró que sus palabras “atrasan y alarman enormemente”, mientras que el Consejo Directivo de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sostuvo que “resulta penoso tener que considerar ideas ya muertas, que el mundo rechazó”. Respuestas de este tipo se replicaron sistemáticamente entre la tarde de ayer y el mediodía de hoy.

No es de extrañar que la opinión de Grabois, rápidamente identificado a la oposición política argentina, genere cuestionamientos inmediatos de dirigentes agropecuarios o incluso de funcionarios públicos como el ministro Etchevehere. Sin embargo, las palabras del dirigente tampoco fueron bien vistas por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización agraria que lleva adelante una histórica lucha por el acceso a la tierra y que, sin embargo, no se vio reflejada con la manera en que se expresó el también referente del Frente Patria Grande.

“Las facilidades en el acceso a la tierra es algo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, pero Grabois no nos representa, ni tampoco la forma en que propone el tema. Incluso termina generando algo negativo para nosotros”, dijo a InterNos el integrante de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Lavaggi.

La dificultad en el acceso a la tierra es un problema real para los pequeños y medianos productores. Organizaciones rurales han presentado sistemáticos reclamos a los Estados nacionales y provinciales para que los mismos garanticen créditos blandos para el acceso a la tierra, la recuperación de terrenos abandonados para actividades productivas o la organización de colonias agrarias en los periurbanos, entre otras políticas públicas posibles. Sin ir más lejos, meses atrás se realizó el Foro Agrario Soberano en la provincia de Buenos Aires, que convocó a un gran número de actores de la agricultura familiar para la elaboración de un documento en el que se sistematizaron reclamos de este tipo.

Grabois dio una opinión personal y por ahora no respaldada por otras entidades del sector. De esta manera logró automáticamente una reacción negativa sobre un reclamo justo. Mediáticamente “le dio de comer” a quienes ven en la oposición política actual el “fantasma del comunismo” y anuló parcialmente una discusión necesaria, como es la del acceso a la tierra que hoy perjudica considerablemente la rentabilidad, y por lo tanto permanencia, de los pequeños productores en la actividad.

Un ejemplo: el periodista Héctor Huergo, responsable de Contenidos del Hub Rural del Grupo Clarín, afirmó en dicho medio que en el campo están muy preocupados por lo que puede ocurrir con el cambio de gobierno y que "hay autoconvocados que están a la vera del camino listos para salir a defenderse de cualquier ataque”. Las palabras de Grabois dieron lugar a afirmaciones de este tipo, que no hacen más que reforzar una idea de enfrentamiento entre “los dos campos” en lugar de plantear una discusión seria sobre las dificultades que sufren los pequeños productores a la hora de ser propietarios o alquilar tierras a un precio justo para garantizar alimentos frescos y de proximidad destinados al consumo interno.

El propio Grabois subrayó en su video que "no hay consenso dentro del Frente de Todos para implementar la reforma”; sin embargo, el tema se viralizó rápidamente en redes sociales con esta impronta,  quedando en segundo plano el verdadero debate que las organizaciones de la agricultura familiar intentan visibilizar desde hace ya algunos años.

En este sentido, y de manera más concreta, no estaría mal revisar la Ley de Tierras vigente en nuestro país que fuera modificada por decreto de manera sustancial por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, generando en su momento importantes criticas de organizaciones agrarias como la FAA y Economías Regionales de Came, entre otras.

Para cerrar, vale tener en cuenta la opinión de Florencia Gómez, experta en Políticas de Tenencia de Tierras y directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT- CEPPAS), quien en su cuenta personal de Twitter pidió dar seriedad al tema de la reforma agraria ante la polémica: “Hay que proteger a los pequeños productores de los contratos leoninos de arrendamiento a los que son sometidos”, tuiteó la referente.