Proponen crear un Instituto Nacional de Peras y Manzanas para discutir el precio mínimo de la fruta

|Río Negro - Neuquén|

Martín Soria, diputado nacional por Río Negro (FdT) retomó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Peras y Manzanas (INPM). Como lo han hecho otras propuestas a lo largo de los últimos años -cabe recordar, por ejemplo, al Libro Blanco- su objetivo es fortalecer a la actividad que atraviesa desde hace un tiempo una crisis estructural a nivel comercial y productivo.

El texto había sido presentado inicialmente en 2016 en la Comisión Nacional de Economías Regionales, pero nunca pasó a debate en la Cámara de Diputados. Ahora, el objetivo de Soria es retomar su discusión. Promover el desarrollo de productores primarios, desarrollar el mercado interno, generar un mecanismo de transparencia comercial e impulsar la exportación son algunos de los puntos en los que se centra la propuesta.

Dentro de la cadena, la Federación Nacional de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén mostró todo su apoyo al proyecto, principalmente por su voluntad de regular el precio de la fruta entre productores y empresas empacadoras. Sebastián Hernández, titular de dicha entidad, dijo a InterNos que la creación de un ente a nivel nacional que determine las reglas comerciales es la única forma de evitar los abusos en esta área.

Para ejemplificar, Hernández retomó el caso del Instituto Nacional de la Yerba Mate, creado en 2002 para regular la actividad yerbatera en un contexto donde pequeños y medianos productores no podían competir contra las grandes empresas del sector. “El Instituto de Yerba Mate junta cada año a todos los actores de la cadena a evaluar los costos y conocer cuánto cuesta producir, para determinar el precio de la materia prima. Acá el Estado provincial no interviene, y es donde salimos perjudicados los productores”, afirma.

No obstante, cabe entonces preguntarse qué sucede con la Mesa de Contractualización Frutícola, mesa en la que participan legisladores, técnicos del INTA y funcionarios de Fruticultura junto a asociaciones de productores, empacadores y frigoríficos, entre otros actores de la cadena, para definir los costos de la temporada chacras adentro y un precio de referencia para la fruta, según los incrementos por inflación y paritarias.

“Lo que sucede es que la Mesa de Contractualización es de adhesión voluntaria. Por ejemplo, CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados) nunca participó de esas mesas. Justamente quienes tienen que comprar la fruta no quieren participar para definir costos y precios”, expresó Hernández al respecto. Horacio Pierdominicci, presidente de la Cámara Frutícola de Cipolletti, coincidió en el análisis: “Los productores están ahí. Pero los gremios no van o van a veces, las jugueras no van y los empaques tampoco. Entonces es difícil”, añadió.

En su inciso Q, el texto de ley propone acordar anualmente precios de referencia y precios mínimos para las distintas variedades de peras y manzanas. Más allá del resto de los ítems de la ley, no menos atendibles -promoción del consumo, asistencia técnica, creación de un banco de estadísticas, entre otras cosas- el punto fuerte radica en una relación comercial transparente entre productores y empacadoras.

Desde InterNos consultamos a Agustín Argibay, presidente de CAFI, sobre la viabilidad de establecer acuerdos de este tipo en la actual coyuntura de la actividad. “¿Quién va a pagar por ese precio, si las empresas del Valle se están fundiendo? No es un problema interno, es un problema de la política económica nacional que no ha generado condiciones para el crecimiento de la actividad. Basta con recorrer desde El Chañar a Chinchinales para ver la cantidad de empaques quebrados”, analizó.

El dirigente de CAFI dijo que, por el momento, no han intervenido en la discusión del proyecto de ley. Y agregó que “han existido decenas de proyectos de este tipo que han fracasado” porque el problema no está en el vínculo entre productores y empresas, sino en la poca rentabilidad de la actividad, que en los últimos años generó una fruticultura atrasada respecto a la competencia de otros países.

“En los últimos años se ha producido un cambio tecnológico muy importante en la fruticultura del mundo. Mientras países como Chile o Nueva Zelanda avanzaron con fuerza, Argentina se quedó atrás. Mallas antigranizo, variedades más rendidoras comercialmente, tecnología en empaque y frío. Hoy son muchas las exigencias. Pero en el Valle existen todavía plantaciones de hace veinte años. No es culpa del productor, el productor es una víctima de la situación. El Estado es quien no ha generado las condiciones para que la fruticultura sea una actividad con futuro”, añadió Argibay.

Por su parte, Horacio Pierdominicci, presidente de la Cámara Frutícola de Cipoletti, se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que el proyecto prospere. Si bien mencionó que la creación del Instituto podría ser una herramienta útil para regular el precio de la fruta, por otro lado reconoció que las heterogéneas calidades de fruta del Valle ponen un límite a su implementación.

“Es un buen proyecto para la actividad ganadera y para la yerba mate, pero acá tenemos distintas calidades de fruta y es muy difícil determinar un costo de producción. Si querés establecer un precio mínimo para la venta en fresco tenés que garantizar todas las tareas en la chacra. Pero todas, eh. Poda, raleo, cura, fertilización…sino, ¿cuál es el costo del chacarero? Yo me he endeudado para hacerle todo a las plantaciones y mantener la chacra, pero hay otros productores que no”, analizó el dirigente.

Incisivo, Pierdominicci afirmó que la calidad de la fruta del Valle hoy es un “50% fruta de industria”. “Sería interesante entonces establecer un precio para industria, mientras que para la venta en fresco diferenciar por calidades, exigiendo un piso mínimo de calibre y color del fruto, con fiscalizaciones previo al ingreso al empaque. Es difícil de hacer, pero no imposible”, añadió.

Por el momento, el avance del proyecto de ley está frío y, aunque persigue buenas intenciones, no parece encontrar unanimidad entre productores y empresas. Tampoco hay novedades sobre su tratamiento en Diputados. “Creemos que los tiempos que corren obligan a este Congreso a acompañar esta economía regional otorgándole el derecho que necesitan para sentarse todas las partes a la mesa de discusión y reorganizar el sector”, argumentan desde el Frente de Todos.

Nadie le quita a los productores la ilusión de que finalmente, a través de un Instituto Nacional de Peras y Manzanas, el sector cambie algunas lógicas de fondo en beneficio de los chacareros. Por su parte, el sector empresario descree de las soluciones internas y diagnostica un futuro negro si las reglas del juego para la fruticultura toda no cambian rápidamente. En el medio, dirigentes políticos se debaten entre lo importante y lo urgente de cara a una nueva campaña a punto de comenzar en los próximos meses.