Crean una Comisión para analizar la situación de la tierra rural en Argentina

|Argentina|

“La tierra es de quien la trabaja” es una frase que popularizó el mexicano Emiliano Zapata, campesino que lideró el movimiento por la reforma agraria de su país en 1915. Décadas después, la consigna se extendió por todo Latinoamérica como grito de lucha en pos de mejoras en las condiciones de vida rurales.

En Argentina, ¿cuál es la situación de los agricultores familiares, indígenas y campesinos hoy en relación a la tenencia de la tierra? Esta pregunta busca responder la Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra, creada en el marco de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”.

En su artículo 18, dicha ley solicita la creación de una Comisión que realice un relevamiento, análisis y abordaje de la tierra rural desde una perspectiva interdisciplinaria. Por eso, a su primera reunión realizada el día miércoles 30 de septiembre, asistieron funcionaros como Juan Ignacio Duarte, director Nacional de Acceso al Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; Susana Mirassou, presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); María Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) e incluso de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En diálogo con Revista InterNos, la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, contó que el último relevamiento realizado desde Agricultura sobre la tenencia de la tierra fue en 2013. Allí se informó que los agricultores familiares trabajan aproximadamente unas 10.000 millones de hectáreas en nuestro país, aunque la gran mayoría se encuentra en relación de precariedad respecto a la tenencia de esa tierra. "Por eso el objetivo principal es interactuar con los organismos convocados, actualizar esa información y tener un mapa general de la tierra rural para desde ahí promover políticas públicas concretas. El trabajo será interinstitucional, pero también habrá líneas de acción de cada ministerio o área”, dijo la funcionaria.

Durante el encuentro, Magdalena Odarda criticó la facilidad con que grupos extranjeros acceden a la compra de tierras en algunas provincias de nuestro país -principalmente, en la Patagonia-. La titular del INAI lo contrastó con las familias productoras que ven se obligadas a emigrar hacia las ciudades por los altos costos de la tierra, el desarrollo inmobiliario o la falta de planificación rural.

En este sentido, vale recordar que la ley de Agricultura Familiar, sancionada en 2015 pero nunca reglamentada, tiene una línea de trabajo en torno a la desconcentración urbana y la vuelta de las familias al campo. La ruralidad es una pata fuerte de esta ley, que se visualiza en la creación de una Banco de Tierras para la Agricultura Familiar (artículo 16) para el desarrollo de emprendimientos productivos.

“Recién después de 200 años el Estado empezó a discutir y a meterse en el tema de la regularización dominial. Se trata de una asignatura pendiente que empezamos a abordar por muchas razones entre las cuales se encuentra la desventaja y fragilidad legal que tienen los pobladores campesinos e indígenas frente a algunos esquemas productivos y de agronegocios, por los que se ven en situaciones de despojo de su lugar y de su hábitat", concluyó el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, también presente en el encuentro.