Etiquetado en Uruguay: cuando la industria presiona

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Junto a Chile y Perú, Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en impulsar el etiquetado frontal de advertencia para los productos envasados que contienen excesos de sodio, grasas totales, grasas saturadas y azúcares. Además, fue pionero en aplicar los sellos negros entre los países que integran el Mercosur, tomando de referencia la evidencia científica que señala a este sistema gráfico como el más efectivo para reducir el consumo de los alimentos ultraprocesados de baja calidad nutricional. Pero en el camino, como diría un ex presidente argentino, pasaron cosas. Y la normativa quedó desdibujada. Recorramos ese camino y veamos porqué.

En agosto de 2018, mediante el decreto 272/018 Uruguay aplicó este sistema de advertencia y otorgó un período de 18 meses a las empresas para que adapten su packaging o cambien la formulación de sus productos. La obligatoriedad de la norma estaba marcada para el primero de marzo de 2020. En ese momento se produciría, además, un cambio de signo político en el país: Luis Lacalle Pou asumiría la presidencia para reemplazar a Tabaré Vázquez.

Por aquel entonces, el decreto duró activo poco más de una semana. Aunque “activo” es una forma de decir: muchas empresas no cumplieron y el gobierno no salió a fiscalizar. Pandemia mediante, el 11 de marzo el nuevo gobierno dio un giro y estableció una prórroga de 120 días para la obligatoriedad en la aplicación. Sin embargo, el 2 septiembre aprobó otro decreto (246/020), en el que introdujo cambios en los criterios técnicos de la norma. El plazo límite para adecuarse era febrero de 2021; a partir de allí, todas las empresas que presentaran excesos en sus nutrientes críticos debían incluir la leyenda “exceso de” en las góndolas.

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El sociólogo Diego Rodriguez, quien siguió de cerca la temática y participó activamente de los debates durante la construcción de la norma, señala que los primeros cambios aplicados “no tuvieron una argumentación lógica” y fueron hechos, en parte, para revisar una política que venía de una gestión anterior, impulsados por la presión de la industria que durante 2018 y 2020 presentó múltiples recursos legales para dilatar su implementación. “Usaron los mismos argumentos que en Chile, Perú y ahora Argentina. Dicen que no se pueden adaptar, que necesitan tiempo. Y lo que terminan logrando es una prórroga eterna, que no permite entrar nunca a la obligatoriedad de aplicación”, señala Rodríguez a InterNos.

Etiquetado frontal en paquetes de papas chips en Uruguay

Vale recordar que el decreto original se conformó luego de un extenso debate en el que participaron diferentes ministerios del Estado (Economía, Industria, Salud, Cultura y Desarrollo Social, entre otras áreas) junto a asociaciones vinculadas al ámbito de la salud de todo el país. También aportaron su mirada el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, por aquel entonces -2017- el gobierno abrió un período de consulta pública de más de dos meses para aquellos que quisieran opinar sobre la normativa, donde participó la industria alimentaria.

Luego de estos debates se decidió utilizar los octógonos negros y el perfil de nutrientes de la OPS, que se considera uno de los más rigurosos a la hora de señalar qué alimentos ultraprocesados incorporan nutrientes críticos en niveles perjudiciales para la salud humana.

Pero entonces llegó el primer cambio. En septiembre de 2020 se firmó el decreto 246/020, que fijó un cálculo diferente en el perfil de nutrientes: en vez de basarse en la proporción de calorías por producto -como recomienda OPS- se hizo en función de la cantidad de nutrientes cada 100 gramos o mililitros. En alimentos sólidos, por ejemplo, el máximo en sodio era 400 mg; en azúcares 10 o 12 mg; en grasas totales 9 g y en grasas saturadas 4 g.

Foto: infoalimentario.blog

Este segundo decreto debía entrar en vigencia desde febrero de este año. Los alimentos que superaran los valores arriba mencionados debían incorporar los sellos negros. Pero eso no pasó: una semana antes de la fecha señalada, el gobierno uruguayo aprobó otro decreto (¡el tercero!), número 34/021, mediante el cual los valores fueron aún más complacientes con la industria.

Para ejemplificar basta ver el caso del azúcar: mientras que en el decreto de 2020 se permitían 9 g cada 100 g, en el de 2021 ese número ascendió a unos 13 g. Además, la normativa exceptuó del cálculo a la lactosa y la fructosa (natural de la fruta) lo que permitió descontarlas del valor total de azúcares. Las empresas pueden mantener altos los valores de este nutriente crítico porque lo camuflan entre sus variantes naturales. En el caso de las grasas sucede lo mismo cuando se incluyen, por ejemplo, frutos secos como almendras o castañas de cajú.

Cambios entre los últimos dos decretos. Fuente: Bocado

Quienes se muestran a favor de un etiquetado riguroso han señalado múltiples irregularidades en el procedimiento del gobierno uruguayo. En primer lugar, criticaron que el nuevo decreto haya salido con la insignia del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y no del Ministerio de Salud Pública (MSP), como sucedió en ocasiones anteriores. Por otro lado, consideran que los cambios se implementaron de manera arbitraria y sin ningún tipo de evidencia científica.

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“El perfil de nutrientes utilizado no sigue ninguna recomendación internacional de salud pública y no tiene base en investigaciones científicas. Con las prórrogas buscaron debilitarlo. Es muy flexible para marcar los excesos de azúcares y grasas. Sobre todo en azúcar, con productos lácteos dirigidos a niños y niñas. Hay un claro retroceso en la defensa a la salud, y una negación total a informar al consumidor”, dice a InterNos Diego Rodriguez.

Para el sociólogo, el gobierno uruguayo buscó imitar el modelo chileno que, si bien es un caso de referencia en el continente, tiene algunos puntos débiles. Cuando Chile implementó esta ley, por ejemplo, no existían las recomendaciones de OPS para el perfil de nutrientes (utilizadas en México o en el actual debate por el etiquetado argentino). En Uruguay cuestionan que se haya abandonado el cálculo por calorías, un factor muy importante en la implementación de esta política pública, como bien explica Sebastián Laspiur, consultor de OPS, en esta nota que le realizamos tiempo atrás.

Respecto al decreto 34/021, el sociólogo subraya que el mayor retroceso está en el azúcar, donde la flexibilización de los valores hace que productos claramente excedidos como los alfajores o las galletitas dulces no lleven una etiqueta que advierta sobre este nutriente crítico. “El yogurt de frutilla de Conaprole, que hoy tiene etiqueta de exceso de azúcar, lo va a dejar de tener. Es escandaloso”, dice Rodríguez. Y agrega: “Productos que iban a llevar tres sellos ahora llevarán solo uno. Los excesos se mantienen, pero se perdió información”.

También la Sociedad Uruguaya de Cardiología emitió un comunicado al respecto, donde indicó que “los nuevos límites representan, en el caso de los alimentos sólidos, incrementos de un 25% para el sodio, 30% para los azúcares, 44% para las grasas y 50% para las grasas saturadas”.

“El perfil de nutrientes utilizado no sigue ninguna recomendación internacional de salud pública y no tiene base en investigaciones científicas"

Gastón Ares, ingeniero alimentario que integra el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, dijo que la nueva normativa condiciona el acceso a la información, sobre todo en los productos lácteos falsamente percibidos como “sanos”. “La cantidad de azúcar permitida es casi el doble. Es un cambio muy importante, especialmente porque son consumidos por la población infantil y porque tienen un marketing muy intenso que los vende como productos saludables”, explicó Ares en una muy recomendable investigación publicada por Bocado, sitio especializado en periodismo alimentario, que se puede leer aquí.

Foto de un paquete de barras de cereal en México, país con una norma de etiquetado muy exigente

La fiscalización es otro punto clave. La mejor ley es la que, más allá de la teoría, se cumple en la praxis. En Uruguay el sistema de control todavía funciona a media máquina y encuentra ciertas inconsistencias debido a los vaivenes que tuvo la norma durante tres años. Mientras que algunas empresas cumplieron con el decreto desde su primera o segunda sanción, otras especularon con las sucesivas prórrogas y la escasa voluntad del gobierno para fiscalizar que los productos lleven efectivamente el etiquetado.

Paradójicamente estas últimas salieron ganando, ya que quienes invirtieron en reformular sus productos o cambiar sus packaging entre 2018 y 2020 ahora deberán volver a hacerlo, en función de los valores actualizados del perfil de nutrientes. Por su parte, los que especularon con las prórrogas vendieron sin sellos durante todos esos meses -que exceden largamente los de adaptación- en una competencia desleal, y ahora pueden reacomodarse en el mercado con menos octógonos de los que les correspondían inicialmente. Asimismo, nada asegura que aquellas empresas que redujeron la presencia de nutrientes críticos no vuelvan a subirlos ahora que se modificaron otra vez los valores estándares.

"Productos que iban a llevar tres sellos ahora llevarán solo uno"

“Hoy en una góndola vas a encontrar a empresas que vienen cumpliendo y llevan los octógonos, que pueden tener por cualquiera de los dos decretos anteriores. También vas a encontrar productos mucho peores nutricionalmente que no tengan etiqueta. Es una situación muy ambigua y será así hasta que no se fiscalice como corresponde”, explica Diego Rodríguez.

Omar Paganini, Ministro de Industria Energía y Minería, dijo luego de un encuentro con su par de Salud, Daniel Salinas, que "más allá de los matices, el rotulado es una política de Estado y Uruguay es pionero en el Mercosur. La norma uruguaya es buena, exigente y se realizará la debida fiscalización". Salinas, por su parte, destacó que "no hay cambios significativos" en la reglamentación.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Uruguay es uno de los países que registra mayor aumento en el consumo de ultraprocesados: un 146% de 2000 a 2013. Aquí 4 de cada 10 niños mayores de cinco años padece sobrepeso u obesidad. Al igual que otros países de la región, como Chile o la propia Argentina, el problema no es tanto de desnutrición como de malnutrición. Esta última afecta a un 34% de los niños en edad escolar.

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La Alianza para el control de Enfermedades No Transmisibles (ECNT), que lanzó la campaña EtiquetadoUy para reclamar por la aplicación de esta política pública, se ha mostrado muy activa durante los dos primeros meses del año en redes sociales. Sobre todo cuando el gobierno anunció la última flexibilización de la norma. Con los hashtags #LoQueComésImporta y #EsSaludableSaberlo compartió piezas en las que dio cuenta cómo algunos productos -que cualquier consumidor puede identificar rápidamente como poco saludables- perdieron, en ciertos casos, hasta dos de sus sellos.

Uno de los argumentos más fuertes que presenta la industria a la hora de discutir el Etiquetado Frontal es la armonización con las normas comerciales de Mercosur. Cualquier cambio en el packaging, afirman, rompería contratos de exportación e importación en la región. Sobre este punto especialistas destacan la autonomía que tiene cada Estado para definir sus propias políticas alimentarias hacia dentro de su territorio. En otros casos, desestiman esa mirada por carecer de fundamentos en la praxis.

“¿Con quién quieren armonizar si en el Mercosur no hay nada definido al respecto? Brasil tiene una normativa que es débil y ni siquiera usa el aspecto gráfico que tenemos nosotros. Paraguay no tiene nada. Argentina tiene una ley aprobada por ahora en Senadores, que sigue las recomendaciones de OPS. Entonces, ¿con quién quiere armonizar?”, analiza Rodríguez.

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Cabe recordar que, para solucionar los supuestos problemas de armonización en Mercosur, Uruguay habilitó la posibilidad de que las empresas apliquen un sticker en los paquetes de productos importados y a exportarse, cumpliendo así con la normativa.

Si la preocupación de las empresas por evitar los sellos en sus productos es tan grande, ¿por qué tanta resistencia a reformular o adaptarse a la norma? “Creo que es un poco de todo. Saben que pierden ingredientes que generan adicción en la gente, además no quieren cambiar las fórmulas porque significa una inversión grande. Por otro lado, no quieren mostrar que sus productos son de mala calidad. El sello es impactante y daña la imagen de la empresa. También es parte de la correlación de fuerzas, de querer imponer las reglas del juego”, concluye el sociólogo.

"Los excesos se mantienen, pero se pierde información"

¿Es mejor tener una buena ley -decreto, en este caso- que no tener nada? ¿Hay una mejora en el acceso a la información para los consumidores uruguayos, a pesar de las modificaciones? Este país, progresista en muchas de sus políticas públicas -como en la regulación en el consumo de cannabis- atravesó un camino sinuoso para llegar hasta aquí. Con el correr de los años, el debate y las decisiones se empantanaron y empezaron a escasear las explicaciones. Quienes defienden el etiquetado tienen un gusto amargo porque, a pesar de que la normativa esté vigente, no parece tener el peso ni la rigurosidad que tenía en 2018, cuando era una referencia en la región. Hoy, quedó desdibujada a la luz de las intensas presiones de la industria, que logró morigerar su impacto. ¿Es este el último round?