Rechazo al intento de desalojo de la referente campesina Ramona

La Justicia de Córdoba ordenó el desalojo de Ramona Orellano de Bustamante, referente de la lucha campesina cordobesa, al fallar a favor de la familia Scaramuzza. El fallo de primera instancia desconoce el derecho ancestral que la mujer de 94 años posee sobre las 150 hectáreas ubicadas en el paraje Las Maravillas, en el norte cordobés. Ante esta amenaza, el Movimiento Campesino de Córdoba lanzó una campaña de respaldo a la “guardiana del monte” y exige la expropiación de las tierras por parte del gobierno de Córdoba, la sanción de una norma de prohibición de desalojos  y la demorada reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar.

“Ramona convoca a la unidad en contra del agronegocio que mata; hoy es el momento de abrazar a Ramona para seguir luchando, para defender el Monte, el Bosque Nativo que nos queda, para seguir resistiendo”, lanzó un llamado el Movimiento Campesino de Córdoba junto a la Unión Campesina del Norte, la Federación de Organizaciones de Base y la UTEP-Córdoba. El comunicado rechaza de manera taxativa el fallo judicial: “Hace oídos sordos a las cientos de pruebas a favor de su posesión ancestral y profundizando con esto un modelo de producción agropecuaria sin familias y sin diversidad en el campo”.

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La sentencia lleva la firma de la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Dean Funes, Emma del Valle Mercado, a favor de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, hombres vinculados a la Federación Agraria de Oncativo, y quienes en 2003 se presentaron junto a la Policía de Córdoba en el campo natal de Ramona para desalojar a ella y a su hijo Orlando, con quien protege y trabaja la tierra familiar. Ramona sufre el hostigamiento por parte de empresarios del agronegocio hace 40 años, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales, que se presentó como Amicus Curae en una de la causas que pretendían desalojarla.

Desde entonces, el Movimiento Campesino de Córdoba acompaña la lucha de Ramona y Orlando por el reconocimiento del derecho ancestral de sus tierras, que fueron vendidas por otra parte de la familia de Ramona sin consulta a ella, quien históricamente la habitó y trabajó. El argumento de la jueza de primera instancia para otorgar el desalojo en favor de los Scaramuzza es el sobreseimiento en una causa penal por estafa por el convenio de desocupación que le forzaron a firmar a Ramona.

“La justicia ininterrumpidamente no ha brindado derecho a defensa de Ramona y no se han tomado en cuenta los actos posesorios en favor de ella, que desde hace 94 años ha estado habitando ese campo, cuyo título era de su padre”, denunció la abogada del Movimiento Campesino de Córdoba, Victoria Gauna, en diálogo con Tierra Viva, y anticipó que se presentará una apelación contra el fallo de primera instancia.

En paralelo, las organizaciones campesinas exigieron al gobierno de Juan Schiaretti una solución inmediata al conflicto que atraviesa la “guardiana del monte” a partir de la expropiación de las 150 hectáreas en disputa con el objetivo de crear la Reserva de Vida Campesina Ramona Orellano de Bustamante. Además, le exigieron a Schiaretti que incorporé en la Ley de Agricultura Familiar provincial, un capítulo de prohibición de los desalojos, como se contempló en la sanción de ley nacional de agricultura familiar. La norma sancionada en 2014 por el Congreso de la Nación aún no está reglamentada. El presidente Alberto Fernández se comprometió a hacerlo en septiembre pasado.

Ante la amenaza de desalojo, Ramona y su hijo Orlando junto al Movimiento Campesino de Córdoba, la Unión Campesina del Norte, la Federación de Organizaciones de Base y la UTEP-Córdoba, continúan trabajando las 150 hectáreas de las tierra ancestral de la familia Orellano de Bustamante, donde se crían aves de corral, ganado ovino y caprino, se producen quesos, se recolecta algarroba y se multiplican las huertas de monte.

“Ramona, madre de tantos, madre de todos y todas las resistencias por el derecho a la tierra y a una vida digna en el campo. Hoy Ramona somos todxs, en cada punto de nuestra provincia”, reivindican las organizaciones campesinas.