Compatibilidad entre trabajo rural y planes sociales: "Es una buena medida coyuntural, pero necesitamos políticas de fondo"

|Argentina|

El pasado 12 de agosto, el gobierno nacional anunció oficialmente un plan para compatibilizar el trabajo rural registrado con el cobro de planes sociales bajo las modalidades de contratación temporario, permanente discontinuo o de temporada. Lo hizo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que entrará en vigencia a partir de septiembre y tendrá dos años de duración. Se estima que beneficiará a unos 250.000 trabajadores golondrina que desempeñan tareas en las distintas Economías Regionales del país.

La medida fue muy esperada -y solicitada- por los distintos dirigentes frutihortícolas del país, quienes argumentaban que muchos trabajadores evitaban ser registrados formalmente porque no querían perder los beneficios de programas sociales luego de acceder a un empleo formal.

La particularidad que tiene este sector productivo, que requiere de gran cantidad de mano de obra, es que las cosechas tienen períodos cortos (de dos a tres meses) por lo que muchos golondrinas optaban por trabajar en negro y seguir cobran dicho subsidio una vez finalizada la actividad en el campo.

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La ausencia de registración tenía además un perjuicio fiscal para el empleador, ya que lo que no está declarado no puede deducirse en la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias, por lo que se veía en la obligación de absorber estos costos cuando las tareas de zafra y cosecha se realizaban con un alto grado de informalidad. A partir de ahora esto dejará de ocurrir.

¿Cómo recibieron la noticia los distintos dirigentes del sector? En términos generales, la medida es considerada como un avance en la materia para la formalización del trabajo agrario y para solucionar la falta de mano de obra en ciertas regiones productivas.

“Apunta en la dirección correcta, ya que existía mucha desinformación y falsos prejuicios, donde el beneficiario de planes no quería poner en riesgo la continuidad del beneficio por tomar un empleo formal. Entiendo que brindará tranquilidad a este grupo de trabajadores, que no eran pocos”, dijo a InterNos Adolfo Storni, gerente de Extraberries SA, empresa que opera en el valle de Río Negro.

“Desde ya que es muy bienvenido, atiende a una problemática concreta que se viene acentuando año a año en la producción frutícola para disponer de personal en los campos, sobre todo en cereza, para garantizar la cosecha”, coincidió Aníbal Caminiti, gerente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI).

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Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, también valoró el avance en la materia y recordó que era un reclamo sostenido desde hace algunos años por productores de uvas para consumo en fresco y vinificación. “Se lo habíamos planteado en forma individual al ex ministro de trabajo, Carlos Tomada, allá por el año 2014. Venimos trabajando desde hace rato en esto. Hemos tenido obreros que nos han dicho que nos iban a mandar telegrama de renuncia para poder cobrar los planes sociales. Espero que la medida se concrete pronto”, expresó a este medio.

José Voytenco, presidente del RENATRE, consideró que el gobierno se hizo cargo de un reclamo que histórico con el objetivo de resolver un “dilema difícil” que se les plantea a los trabajadores a la hora de incorporarse a la actividad laboral temporaria. “Desde las Delegaciones provinciales del Registro impulsaremos la adhesión de los gobiernos provinciales y municipales a esta medida", agregó.

Más allá de la buena recepción de la noticia, los dirigentes frutícolas consideraron que la normativa por sí sola no solucionará los faltantes de mano de obra que sufren algunas actividades. Hablan de una pérdida de la “cultura del trabajo” derivada de las políticas asistencialistas de los gobiernos durante las últimas dos décadas.

“Creo que es una medida que no va a resolver el problema de fondo. Hablamos de generaciones de trabajadores que se formaron bajo los planes sociales. La presencia de planes durante décadas se ha acentuado y ha cambiado la cultura del trabajo, eso es lo que uno percibe. Lo veo bien como una medida coyuntural, pero creo que tienen que haber políticas de fondo que promuevan más el trabajo desde el Estado nacional”, añade Anibal Caminiti, de CAPCI.

Storni coincide con Caminiti y subraya que “la medida no va a resolver la cuestión del beneficiario que se conforma con los ingresos provenientes de un plan y no quiere un empleo formal”. Garcés, por su parte, complementa el argumento parafraseando una cita religiosa: “Como se dice en la Biblia: cuando tu hermano tiene hambre no le tenés que dar el pescado, le tenes que enseñar a pescar”. 

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“La política local siempre busca parches para problemas estructurales que no se resuelven en su totalidad con medidas como ésta. Los problemas de mano de obra se resuelven con inversión, educación, capacitación, exportaciones, expansión del área productiva, mejor legislación laboral e impositiva. Nuestra legislación laboral es la peor del continente y lo único que ha logrado hasta ahora es que el empleo formal privado registrado caiga y exista cada vez más empleo informal”, añadió Adolfo Storni.

Y concluyó: “El mercado laboral hoy tiene tantas distorsiones y regulaciones que difícilmente pueda generar mucho más empleo formal. Las soluciones pasan por medidas como los convenios de co-responsabilidad gremial, seguros de paro, paritarias individuales por sector y lugar, menores cargas sociales, agremiación voluntaria. Sin rentabilidad no hay empresarios, y sin empresarios no hay trabajo”.